La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, anunció ayer en el pleno del Parlament que su departamento está preparando un decreto para regular la comisión de seguimiento del protocolo de actuación de maltrato infantil, que incluye el de abusos y explotación sexual, que velará por que se cumpla el protocolo. Este decreto se traducirá, según dijo, en la obligación de cumplir con lo establecido en este documento, en el que se contemplan cuestiones como que cuando se detecta o se sospecha que hay un caso de abuso o de explotación sexual de menores debe comunicarse a Fiscalía en un plazo de 24 horas, de tal modo que los responsables que no lo cumplan deberán asumir las consecuencias.

Santiago efectuó este anuncio durante su comparecencia ante el pleno, a petición del PP, para explicar su gestión en el conocido como caso Corea, relativo a la violación de una menor tutelada por el IMAS en la Nochebuena de 2019 que hizo estallar otros casos. La consellera defendió su gestión de coordinación e insistió en que las competencias sobre los menores tutelados es del Consell, mientras que desde la oposición se criticó duramente que la izquierda impida la creación de comisiones de investigación y en el caso del PP y Vox exigieron de nuevo la dimisión de Santiago y de Javier de Juan, director del IMAS.

La consellera sostuvo que el coronavirus no ha paralizado su labor de coordinación con los consells para la protección de menores que, según insistió, es su competencia, y resaltó el que Balears sea la única Comunidad con un protocolo para la protección de menores en casos de abusos sexuales. Lo que sí admitió es que la pandemia ha «ralentizado» la formación del personal en relación a este asunto, algo sobre lo que insistió en que es importante para detectar cualquier caso.

El enfrentamiento más tenso se produjo con Marga Durán, del PP, quien atacó a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, afirmando que «la jefa suprema ordenó un cierre de filas e impuso un pacto de silencio total» a sus socios de Podemos y Més, decidiendo que no se abriera una comisión de investigación con la que, según sostuvo, Santiago sí estaba de acuerdo. «Son todos cómplices de esta infamia», dijo sobre PSIB, Podemos y Més tras insistir en que De Juan y Santiago «deberían haber dimitido hace tiempo por los casos de abusos a menores tuteladas».

Santiago replicó con dureza a la diputada del PP, incidiendo en que antes de 2015, con el Govern del PP de José Ramón Bauzá, no se actuó en esta materia, aunque también en esos años había explotación infantil, mientras que defendió las medidas adoptadas por el actual Govern, entre ellas la aprobación del protocolo en 2018. «No entiendo cómo viene con esta actitud de exigencia», dijo a Durán tras instar a los partidos de la oposición a plantear su petición de responsabilidades en el Consell ya que, al hacérselo a ella, «ningunean» a los representantes de sus partidos en la institución insular.