La presidenta de la Asociación de Constructores de Balears (ACB), Fanny Alba, se reunió ayer con la presidenta del Govern, Francina Armengol, a quien explicó la “enorme preocupación” del sector de la construcción balear por las “graves consecuencias” derivadas por la crisis desatada por la pandemia provocada por el coronavirus, por lo que destacó que “pedimos al Govern que no nos impidan sacar a Balears de la crisis”. Alba le recordó que en estos momentos en las islas hay obra paralizada por valor de 2.500 millones de euros pendientes de licencias y permisos y ello permitiría dar oxígeno a la economía de las islas. De igual modo, le recordó que las administraciones públicas “incumplan de forma sistemática la ley con retrasos injustificados en la tramitación de licencias”.

“Sin consumir ni un solo metro de suelo rústico, sino solamente con el normal desarrollo de nuestra actividad y anteponiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y el empleo de las más modernas técnicas y nuevos materiales, el sector de la construcción está en condiciones de ser el motor que tire de la economía y ayudar a remontar la difícil situación que padecen los ciudadanos de Balears”, aseguró ayer Fanny Alba.

Fanny Alba explicó también a la presidenta a Armengol que “tanto a las empresas del sector como a todas las que se dedican a actividades auxiliares nos preocupa cómo vamos a ser capaces de mantener la actividad y el empleo durante el año 2021, hasta que podamos empezar a ejecutar los proyectos financiados con los Fondos Europeos” y le recordó que este “acuciante problema” mantiene sumido “en la mayor de las incertidumbres” a un colectivo que representa “a más de 75.000 familias en las Islas”.

Al encuentro entre los constructores y la presidenta del Govern también asistieron el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern, Marc Pons, así como los vicepresidentes primero y segundo de la Asociación de Constructores de Baleares, Óscar Carreras y Climent Olives, respectivamente.

La presidenta de los constructores ha recriminado a la presidenta del Govern que “en Balears hay más de 2.500 millones de euros pendientes de ejecutar esperando obtener una licencia”, una situación que calificó como “incomprensible” y que “está haciendo peligrar el mantenimiento de 25.000 puestos de trabajo, en un contexto global en el que en la economía balear es la más perjudicada del país”.

Asimismo, Fanny Alba lamentó que “el retraso en la tramitación de licencias se sitúa en una media de 18 meses”, cuando la ley estipula que las administraciones no pueden exceder un plazo de tres meses para pronunciarse y que conseguirlo serviría para estimular una actividad lastrada por una maraña de requisitos impuestos por múltiples administraciones que entorpecen el normal desarrollo del sector y su capacidad de ser útil a la sociedad”. “Si los administrados hemos de cumplir las leyes, las administraciones no pueden dejar de hacerlo”, apostilló Fanny Alba.