Cuando las mascarillas se convirtieron en un elemento de uso obligatorio el mercado se llenó de unidades de dudosa procedencia, calidad y eficacia al calor de una demanda disparada. Hubo manga ancha porque era un momento de escasez y precios altos; con el tiempo el producto se hizo más asequible, pero su comercialización ha seguido generando problemas.
También en Balears, donde el Govern ha retirado del mercado más de dos millones de mascarillas desde mayo por diversas irregularidades que incluyen defectos en el etiquetado, ausencia de instrucciones de uso o dudas sobre su procedencia. En total, los inspectores de la dirección general de Consum han realizado 453 actuaciones en diversos puntos de venta -desde establecimientos pequeños hasta grandes superficies- en las que se han inmovilizado 2.373.000 unidades. Son datos actualizados hasta el pasado 30 de septiembre.
«Hemos intervenido sobre todo en grandes superficies y en puntos de distribución del polígono de Son Castelló. Solo en un supermercado retiramos cien mil mascarillas, aunque también se ha intervenido en tiendas pequeñas», subrayó Félix Alonso, director general de Consum.
El nivel de incumplimiento es muy elevado: un 82% de los puntos de venta inspeccionados (372) terminó con la retirada de cubrebocas. También ha habido requisas virtuales en 26 de las noventa páginas web analizadas.
Los incumplimientos más comunes tienen que ver con el etiquetado. En algunos casos por la ausencia del mismo. Y en otros por estar redactado en un idioma no oficial, por no establecer su procedencia o por no fijar con claridad de qué tipo de mascarilla se trata y cuáles son sus instrucciones de uso.
«El producto requisado del que no se puede establecer su procedencia o que no puede ser regularizado es destruido. Otras se devuelven a la fábrica de origen y una parte incluso puede volver a ponerse en el mercado si aportan la documentación que se requiere», explica Alonso.
Las actas de inspección que se resuelven con la inmovilización de cubrebocas son exhaustivas. Únicamente se ocupan del etiquetado, sin entrar a analizar la eficacia sanitaria del producto. Y en ocho de cada diez detectan irregularidades. Es frecuente que al vendedor también se le reclame que presente las facturas de la compra en un plazo de diez días para determinar la trazabilidad de las mascarillas.
Inspección compartida
La labor inspectora está repartida entre diferentes departamentos. Consum actúa sobre el tipo de mascarillas FFP2 y sobre las higiénicas de tela, la tipología «más problemática» porque en muchos casos prima el diseño sobre su teórico cometido, proteger al usuario contra el coronavirus.
Las quirúrgicas, las más comunes y recomendadas, se controlan desde la dirección general de Farmacia.
