El uso policial de las cámaras del aeropuerto de Palma llega a los tribunales

Las condiciones en que se produce la cesión de imágenes de las cámaras de seguridad de Son Sant Joan a la Policía ha llegado a los tribunales. La cuestión ha aflorado cuando los vídeos así obtenidos fueron empleados para demostrar un comportamiento laboral supuestamente irregular de un funcionario policial. El sindicato ASP (Alternativa Sindical de Policía) interpuso ayer una querella, a través del abogado Santiago Escalas, contra un inspector y contra el jefe de seguridad de Aena.

La acción plantea una presunta falsedad documental, en las gestiones realizadas ante la Agencia Española de Protección de Datos para justificar la cesión a la policía de las imágenes correspondientes al aparcamiento de Son Sant Joan. En la grabación se observa la entrada y salida del coche de un agente, con sus horarios respectivos.

La querella del sindicato policial deberá dilucidar un conflicto interno, pero afecta más genéricamente a la disposición del material gráfico recogido en el aeropuerto de Palma. La investigación de un superior a un agente con las imágenes citadas fue remitida a Protección de Datos, que abrió el oportuno expediente. Esta iniciativa para dirimir si la entrega de las imágenes fue correcta quedó interrumpida favorablemente para Aena, al aportarse un oficio policial que justificaría la entrega del material videográfico.

La validez del oficio policial es puesta en cuestión por los querellantes, y de ahí la presunta falsedad documental que sustenta su querella. El sindicato ASP discute la veracidad del requerimiento, protocolizado en teoría dentro de los archivos informáticos correspondientes. Los acontecimientos reseñados se remontan a 2019, y desde la Jefatura Superior de Policía podrá confirmarse con facilidad si el documento en disputa figura con los datos pertinentes en sus registros, o si la querella planteada ofrece visos de verosimilitud.

La ASP sostiene que el oficio que protege a Aena de suspicacias respecto a la cesión de las imágenes corresponde a una fabricación. Se habría pretendido amparar la utilización «de forma ilegal» de las cámaras de vigilancia de Son Sant Joan, con objeto de «intentar engañar a la Agencia Española de Protección de Datos». Según fuentes policiales, el flujo de imágenes no es inusual, aunque la novedad que ha provocado el estallido consiste en enfocarlas contra un miembro de la propia Policía.