El nuevo estado de alarma que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este domingo da amparo jurídico a las comunidades autónomas para tomar medidas como limitar la movilidad de una a otra región. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha descartado por el momento aplicar estas restricciones de movilidad dado que la situación de la pandemia en las islas no es tan mala como para llegar a ese extremo, aunque la realidad puede variar en cuestión de días, como se ha aprendido desde el inicio de la pandemia, con lo que este tipo de restricciones a las entradas y salidas podrían estudiarse si la situación se volviese "más compleja".
Ha señalado no obstante que otras comunidades podrían aplicar esta medida y limitar la llegada de personas de otras regiones sin causa justificada, lo que podría afectar a ciudadanos de las islas de origen peninsular o con familiares en la península que quieran viajar a su tierra, pero eso, ha razonado Armengol, ya no está en su mano ni depende de ella.
La socialista ha expuesto al Gobierno que si da a Baleares el control de las salidas y las entradas al territorio insular "lo lógico" es que también le permita organizar controles para las personas que lleguen a los puertos y aeropuertos. La presidenta del Govern insiste en esta petición desde el inicio de la pandemia y hoy ha indicado que el ministro Illa se ha mostrado "sensible" a esta cuestión y que "lo estudiará".
