El Govern estudia una reciente sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a la concesión masiva en Eivissa de licencias para vehículos de alquiler con conductor (VTC ), modelo de negocio que han popularizado empresas como Uber o Cabify fuera del archipiélago.
La sentencia, que puede afectar a Mallorca, desestima un recurso del Consell de Eivissa (que tiene las competencias en la materia en la isla Pitiusa) al entender que la institución insular no podía establecer un límite a la concesión de licencias VTC sin esperar a que se desarrolle un reglamento estatal de rango superior.
El Govern balear, que tiene las competencias en Mallorca, estudia una sentencia que crea jurisprudencia y que podría erosionar la política restrictiva del Ejecutivo balear con este modelo de negocio, al que también se opone el sector del taxi.
Precisamente en junio de este año el Supremo ya propinó un revés al Govern al avalar la tramitación de veinte licencias VTC que la conselleria de Movilidad había denegado. La sala no negaba a Balears la capacidad de poner límites a los VTC, pero establecía, con un argumento muy similar al de la sentencia de Eivissa, que el Ejecutivo autonómico debería haber esperado a la norma estatal: «El ejercicio de esta potestad debería haberse hecho respetando la competencia originaria del Estado, lo que incluye no sólo la norma de rango legal sino también su desarrollo».
En Balears operan en la actualidad algo más de 200 licencias VTC, la mayoría vehículos que transportan a turistas desde el aeropuerto hasta sus alojamientos.
