La Oficina Anticorrupción concluye en su informe de investigación sobre las compras públicas de emergencia de material ante el coronavirus, por parte del IB-Salut, que «no se han detectado usos irregulares de los fondos» en la gestión de estas adquisiciones «que supongan fraude o supuestos de corrupción». Sin embargo, sí lanza críticas más o menos veladas sobre algunas actuaciones, entre ellas la de recurrir a la intermediación de una abogada china, que cobró por sus servicios, asociada al bufete del socialista José María Lafuente para la compra de material a China.

Sobre esta cuestión, el informe de la Oficina que dirige Jaume Far afirma que no dispone de los antecedentes de esta negociación ni tampoco «del informe que justifique la contratación de esta intermediaria para negociar con una compañía aérea con sede social en Mallorca». Precisa que constan cuatro contratos con esta abogada con una comisión del 1,5 por ciento.

En sus conclusiones, el informe resalta que «si bien podría considerarse necesario contratar los servicios de intermediación con los fabricantes chinos, llama la atención» que mientras que «dos de los tres intermediarios» colaboraron con el IServicio de Salud balear de «forma altruista», la asociada del bufete de Lafuente «facturó sus servicios no sólo sobre la compra del material sanitario adquirido, sino también sobre las gestiones con la compañía aérea en cuatro de las facturas presentadas».

Cuestiona que más de 10 millones hayan ido a parar a empresarios relacionados con paraísos fiscales

No es la única cuestión sobre la que Anticorrupción plantea dudas a lo largo del detallado informe, en el que advierte sobre un posible «uso abusivo» del procedimiento de emergencia ya que, si bien era necesario en muchos casos ante la situación de crisis, «determinadas contrataciones» efectuadas utilizando este procedimiento «no parecen haber reunido los requisitos para ello».

Además, lanza advertencias sobre cuestiones como la adjudicación por parte del IB-Salut de más de 10,1 millones de euros «a empresarios que, según la International Consortium of Investigative Journalists, tienen relaciones con sociedades off-shore domiciliadas en paraísos fiscales».

Así, tras repasar todas las contrataciones con detalle, afirma que si bien no se han producido irregularidades en las compras que puedan suponer «fraude supuestos de corrupción», hay algunas «actuaciones puntuales» que deben mejorarse.

Entre ellas, recomienda «fortalecer la transparencia en la publicación de los contratos públicos y cumplir los plazos que la normativa establece» para hacerlo. En este sentido, el informe recuerda que el Portal de Transparencia de Salud no estuvo disponible por labores de mantenimiento durante el inicio de la crisis sanitaria y que los contratos de emergencia se publicaron con retraso. Asimismo, entre otras cuestiones, incide en la necesidad de reforzar la «coordinación» entre las distintas administraciones.