El servicio de empleo estatal (SEPE) va a quedar colapsado en cuestión de semanas, con la entrada de unos 85.000 fijos discontinuos que van a intentar tramitar la prestación especial a la que van a tener derecho hasta el próximo 31 de enero, y a los que se sumarán los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los cambios que las empresas vayan aplicando en los ya existentes, según se subraya desde los sindicatos. Añaden la advertencia de que eso puede suponer para muchos parados demoras de meses a la hora de empezar a percibir las citadas ayudas económicas, punto este último que genera una enorme preocupación, según coinciden en señalar el secretario de Acción Sindical y la secretaria general de las federaciones de hostelería y comercio de UGT y CCOO en las islas, José García y Silvia Montejano respectivamente.
Y todo ello teniendo en cuenta que en estos momentos ya se registran serios problemas para obtener una cita previa y que los cambios en la normativa han provocado que las prestaciones se perciban al menos con un mes de retraso.
«Con el SEPE tenemos el corazón partido», reconoce Silvia Montejano. Porque lo que no se oculta desde estas organizaciones es que las cargas de trabajo a las que se está enfrentando la plantilla de este servicio de empleo superan ampliamente su capacidad pese a los refuerzos que se han aplicado.
Sobrecarga de trabajo
Así, se admite que estos funcionarios están haciendo un enorme esfuerzo para sacar adelante la avalancha de expedientes que están recibiendo, pero al mismo tiempo se lamenta que la falta de medios que padecen esté repercutiendo en serios problemas para que muchos parados perciban la ayuda que necesitan para hacer frente a las necesidades básicas de sus familias.
Esa sobrecarga de trabajo en el SEPE durante la pandemia resulta evidente. En abril, tras declararse es estado de alerta a mediados del mes anterior, se tramitaron por parte de este organismo 144.943 expedientes de prestaciones por desempleo, la friolera de un 1.278% más que en año anterior por esas fechas. En mayo se alcanzaron los 77.144, con un aumento del 705%; en junio esta cifra fue de 51.261, un 593% más que en 2019; en julio se llegó a los 56.163, con un alza del 417%; en agosto se contabilizaron 55.681, un 601% por encima que en el ejercicio anterior; y septiembre se cerró con 42.098 y un aumento del 300%, según la información facilitada por la directora provincial de este organismo, Sonia Barranco.
Por su parte, la plantilla del SEPE en las islas está compuesta en estos momentos por 219 funcionarios, de los que 89 son interinos que se han contratado para hacer frente a este aumento de expedientes. Resulta obvio que este equipo se ha reforzado a niveles muy inferiores respecto al aumento de las cargas de trabajo.
Problemas con las citas previas
Ese volumen de solicitudes de ayuda explica que ya a fecha de hoy haya problemas para obtener cita previa, ya que cuando se abre esa posibilidad durante algunos días, las disponibles se agotan con notable celeridad en muchas de sus oficinas, pese a poder realizarse una presolicitud por vía telemática. Hay que tener en cuenta que aunque las oficinas de este servicio están de nuevo abiertas al público, su aforo está limitado como medida de prevención ante la covid-19. En estos momentos el SEPE atiende presencialmente a unos 600 usuarios diarios.
Es en este contexto en el que se disparan las alarmas en los sindicatos. Porque al igual que con el virus, durante las próximas semanas se va a registrar una segunda oleada de expedientes para solicitar la ayuda especial a la que tienen derecho los 85.000 fijos discontinuos que aproximadamente hay en las islas, después de que Govern y empresarios pactaran dar por concluida la temporada turística de este año el pasado día 31 de septiembre. A ello se suman las modificaciones que se van registrando en los ERTE de las empresas isleñas.
«Lo que no podemos aceptar es que se tarden meses en recibir las ayudas para trabajadores que ya han visto muy reducidos sus ingresos durante el verano al estar afectados por los ERTE», pone de relieve el representante de UGT, que junto a Montejano recuerda que un cambio legislativo está haciendo que éstas lleguen ya con un mes de retraso.
Por eso, se reclaman medidas que eviten ese colapso del SEPE y que garanticen que las personas sin empleo puedan recibir con agilidad sus prestaciones, bajo el argumento de que hay familias enteras que van a depender de ellas para superar el invierno.
