El Ingreso Mínimo Vital, el escudo social del Gobierno para las personas más vulnerables y golpeadas por la crisis, solo beneficia en Baleares al 5,2% de las personas que lo solicitaron cuatro meses después de haberse puesto en marcha, un total de 1.276 personas.
Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el derecho a cobrar la prestación a 24.494 personas en Baleares, del total de 26.387 solicitudes presentadas. En el conjunto de España la prestación beneficia ya al 13,9% de las personas que presentaron una solicitud válida, 136.413 beneficiarios de los 975.559 expedientes validados.
El ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones informa de que los hogares de Baleares percibirán en unos días el importe del pago, el quinto que abona la Seguridad Social desde la aprobación de la prestación. El importe bruto asciende a más de 158 millones de euros en el conjunto de España, una cantidad que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio.
El Ministerio informa que la mayoría de solicitudes denegadas lo fueron por superar niveles de renta y patrimonio. En Baleares se rechazaron 5.698 peticiones para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. No obstante, el ministro José Luis Escrivá se ha comprometido a realizar una nueva evalución de la prestación a principios del próximo año para conocer la cobertura real de la prestación.
En Baleares la tramitación del Ingreso Mínimo Vital ha estado marcado por las dificultades para conseguir una cita en la delegación de la Seguridad Social y por la falta de personal de la misma. Fuentes cercanas a la Administración informaron de que falta mucho personal y las oficinas están bajo mínimos. Por ello tardan tanto en responder a las demandas. Además, estas mismas fuentes señalaron que con esta nueva ayuda los funcionarios se ven obligados a dejar de atender otras demandas relacionadas con la maternidad o la jubilación. Señalaron que el principal problema es que hay pocos ciudadanos que cumplan con todos los requisitos exigidos por parte de las instituciones, por lo que la mayoría de demandas no salen adelante o están pendientes de alguna condición.
Además, sostuvieron que todas las solicitudes se llevan a cabo de forma telemática, de manera que las personas mayores tienen dificultades para acceder a este tipo de herramientas y entender bien los procesos.
Otra de las condiciones que ha provocado más confusión en la tramitación es el certificado de empadronamiento. Los ciudadanos piensan que con el que se utiliza para viajar es suficiente, cuando realmente se requiere el certificado de empadronamiento que garantice dos años de residencia en España.
Prueba de estas dificultades es que hace solo dos meses, el Gobierno solo había resuelto favorablemente apenas una quincena de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital realizadas por familias vulnerables de Baleares.
