Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundació tutelar Demà organizó ayer un acto para conocer y analizar la reforma legislativa que afecta a la incapacidad. El acto se celebró ayer tarde en el Colegio de Abogados de Mallorca y contó con la destacada presencia de la secretaria general técnica del Ministerio de Justicia, Paula Novo; la consellera Fina Santiago y el exteniente fiscal de Balears, Ladislao Roig. El acto lo presentó Antoni Gomila, director de la fundación Demà. Todos los expertos coincidieron en la necesidad de apostar por un cambio legislativo, pero sobre todo por invertir medios en el apoyo de estas personas.
La secretaria general técnica explicó que el Gobierno lleva trabajando en una reforma «de calado», con la que se pretende cambiar el concepto del incapacitado y aboga por su protección y respeto. Una ley que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. Paula Novo explicó que antes la incapacidad era un problema para la sociedad y estas personas eran apartadas. Sin embargo, ha ido mejorando el trato y ahora es necesario afrontar una gran reforma, para conseguir su protección absoluta. Explicó que a partir de ahora desaparece la figura de la tutela de estas personas y se apuesta por reconocer la voluntad del incapacitado por encima de cualquier otra circunstancia. La incapacidad deja de ser un estado civil y la tutela queda limitada a los menores de edad. El curador, es decir, la persona que asiste a este incapacitado, se convertirá en un pilar de apoyo. La secretaria general aseguró que esta norma arrastrará el cambio de otras leyes.
La consellera d’Afers Socials del Govern, Fina Santiago, señaló en su intervención que se necesita, además de modernizar las normas, cambiar la mentalidad que se tiene sobre la figura del incapacitado. Apoyó que desaparezca el concepto de tutela cuando se habla de discapacitados, pero señaló que no tiene ningún sentido cambiar las normas si después no hay medios para aplicarlas. Así, consideró positivo que la reforma no vaya dirigida a la gestión del patrimonio de estas personas, sino que apueste por la ayuda en su proceso vital. El juez y el fiscal, en un proceso de discapacidad, dejarán de valorar la capacidad de estas personas, sino que se centrarán en determinar cuáles son sus necesidades. Explicó que en estos momentos hay unas 1.200 personas discapacitadas en Balears que están bajo la tutela del Govern, o de las dos fundaciones que existen, y señaló que la mayoría son ancianos.
Por su parte, el exfiscal Ladislao Roig señaló que no tiene ningún sentido aplicar una norma ante un determinado problema que pueda sufrir una persona discapacitada, si después no se puede solucionar su situación. Y señaló también que estos conflictos sociales deberían resolverse por la voluntad social, sin la necesidad de que se apruebe una ley y que precise la intervención de un juez.
