El subinspector del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional imputado en la causa que investiga las presuntas irregularidades en el caso Cursach defendió ayer la limpieza de las pesquisas. El agente acusado, que compareció a petición propia durante ocho horas en el Tribunal Superior de Justicia, descartó haber cometido ilegalidades y aseguró que tanto sus superiores en la Policía Nacional como el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán daban el visto bueno a las detenciones que se iban realizando. Sobre la instrucción aseguró que hubo actuaciones «poco ortodoxas», pero las vinculó a la magnitud de la causa e insistió en que no actuaron al margen de la ley.
El agente, cuyo abogado es el ex fiscal anticorrupción Pedro Horrach, respondió a todas las preguntas en una maratoniana declaración. Defendió en todo momento su actuación en las pesquisas de los casos IME y ORA, esta última finalmente archivada. El subinspector rechazó haber practicado arrestos de forma arbitraria y haber presionado o coaccionado a los detenidos para que implicaran a otras personas, como sostienen las acusaciones. En este sentido, apuntó que cuando consideraba necesario practicar un arresto basado en las pesquisas, lo ponía en conocimiento de sus superiores en la Policía para que dieran el visto bueno. También señaló que contaba con el aval del juez Penalva y el fiscal Subirán para llevarlos a cabo. El acusado negó haber cometido excesos con los sospechosos y defendió en todo momento su gestión de la investigación.
El policía calificó de «poco ortodoxas» algunas de las diligencias que se llevaron a cabo durante la investigación al empresario Bartolomé Cursach y sus vínculos presuntamente corruptos. Sin embargo, afirmó que la causa en sí era poco común por la gran cantidad de personas investigadas, la mayoría policías y altos cargos políticos, y descartó una vez más haber cometido actos ilegales.
Durante su comparencia, señaló que en varias ocasiones, ya en la fase final de las pesquisas, hizo saber al juez y el fiscal sus dudas sobre algunas declaraciones incriminatorias de determinados testigos protegidos, como el antiguo empleado de la discoteca Tito’s que afirmó haber presenciado orgías para policías o la prostituta que dijo haber organizado fiestas sexuales para políticos, todo pagado por Cursach como pago por los favores que estos funcionarios le habrían prestado. Ambos están ahora imputados en esta misma causa por presuntamente haber mentido en estas declaraciones.
También declaró ayer, en calidad de testigo, la que fue regidora de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Palma y actual responsable del área de Infraestructuras, Angélica Pastor. La política, citada para que aclarara si había recibido información reservada de las actuaciones secretas que se realizaban, lo negó. Señaló que sabía del asunto por las informaciones periodísticas, las resoluciones judiciales que como responsable de la Policía Local de Palma se le comunicaban oficialmente y las explicaciones de algunos policías investigados. Pastor negó en todo momento que el juez, el fiscal o la Policía Nacional le facilitaran datos secretos.
Varios policías locales que fueron investigados por Penalva y Subirán en el caso Cursach se reunieron ayer a las puertas del Palacio de Justicia hasta que llegó Pastor para declarar.
