El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a la antigua cúpula de Sa Nostra, que tendrán que defenderse de los delitos de apropiacion indebida y otro de administración desleal. Serán juzgados por este delito los que fueron los máximos responsables de la gestión de la desaparecida caja de ahorros de Balears, que ahora tendrán que responder por las decisiones económicas que adoptaron, que llevaron a la entidad a una situación insostenible, por la que tuvo que ser absorbida por otro banco.

El magistrado, tras más de tres años de instrucción y frente a la acusación que mantiene la fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, llega a la conclusión de que existen indicios sólidos para que los directivos se sienten en el banquillo y se defiendan de este delito. Un juicio en el que tendrá que responder Pere Batle, Pau Dols, Rafael Oliver, Fernando Alzamora y Antoni Cantallops, a los que se les acusa de haber ideado, aunque con diferente implicación, en la financiación de una operación inmobiliaria que se desarrolló en Huelva, y que causó unos perjuicios económicos a la entidad, asumidos posteriormente por la entidad que absorbió a Sa Nostra, de casi 50 millones de euros. El juez, además de abrir juicio oral, también fija una millonaria fianza de responsabilidad civil, que tendrá que afrontar las dos empresas inmobiliarias que recibieron el dinero y que desviaron a otros proyectos.

Además de la antigua cúpula de la caja de ahorros, la acusación también se extiende hacia dos empresarios, que también se sentarán en el banquillo. Se trata de Adolfo Sánchez de Movellán, que es además abogado, y el empresario Francisco José Morales de Jodar. El juez, como responsable civil subsidiario, sitúa a las empresas Sotohermoso Gestión y Coroebus. 

Los directivos y los dos empresarios tendrán que enfrentarse en el juicio a una doble acusación. Por una parte, acusa la fiscalía y, por otra, la abogacía del Estado, que representa el Frob. 

Anticorrupción únicamente imputa a los acusados un delito de apropiación indebida. Así, para los dos exdirectores de la caja de ahorros de Balears, Pere Batle y Pau Dols, se reclama ambas penas de cuatro años de prisión, más una pena de multa. Cuatro años de cárcel también se pide para Rafel Oliver, el exmáximo responsable de Invernostra, la sociedad que movía las actividades inmobiliaria de sa Nostra. También se pide cuatro años de cárcel para los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco Morales de Jodar.

En cambio, para el expresidente de la entidad financiera balear, Fernando Alzamora, y al antiguo consejero, Antoni Cantallops, la fiscalía limita su responsabilidad penal en la operación que se denuncia. Aún así, se les pide ambas condendas de dos años y seis meses de prisión. 

La abogacía del Estado pide las mismas penas de prisión para los acusados, con la diferencia de que, en vez de apropiación indebida, les acusa de administración desleal.

Las acusaciones han pedido que quieren que los directivos, y los dos empresarios, indemnicen de forma directa y solidaria con 36.336.309 euros. Se trata de la suma que se cedió por la opción de venta de un solar en Andalucía, por la que se pagó 20.100.000 euros, y la desviación de fondos que se produjo para subvencionar otros proyectos de estas empresas, que fue de 16.236.309 euros.

Las acusaciones mantienen que los directivos bancarios impulsaron esta operación inmobiliaria en Huelva, sin haber realizado las comprobaciones que se les exigía, dado que el préstamo que concedió sa Nostra se perdió, al no poderse ejecutar la opción de compra por el solar de Huelva, ni la promoción prevista.

Algunos de estos directivos están implicados en otras operaciones frustradas, por las que también tendrán que responder ante los tribunales. Todavía no está señalada la fecha de juicio.