Una larga cola se ha formado la tarde de este jueves para acceder al Club de DIARIO de MALLORCA, donde Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) ha reunido a más de un centenar de afectados por la quiebra de Dentix. Los pacientes de la red de clínicas que se ha declarado en quiebra tienen situaciones dispares, pero lo que se les ha dejado claro es que será más complicado el panorama para aquellos que pagaron más de los tratamientos recibidos hasta ahora y aún no se les han completado, al igual que los que han sido víctimas de malas praxis.

«Se veía venir» el concurso de Dentix por el dinero que iba a dejando a deber a sus proveedores, ha explicado Alfonso Rodríguez a los afectados. El presidente de Consubal ha señalado que la deuda de la compañía (son cuatro empresas) se estima en más de 180 millones de euros. «El problema más grande es que aún no ha cerrado», por lo que hasta ahora no hay suspensión de actividad y se siguen dando citas a tres o cuatro meses vista, a pesar de que no lo hacen en todas las clínicas.

Rodríguez ha instado a los afectados a que rellenen un formulario para poder agruparles según su casuística particular: ya sea que estén con tratamientos a medias y siguen pagando créditos, los que terminaron y tienen malas praxis o bien que ya tengan reclamaciones con devoluciones aprobadas que no se las hayan abonado. Se les brindará atención personalizada.

Desde el bufete Escandell Leal Abogados, que brinda servicio a Consubal, Juan Escandell se ha declarado consternado «como ciudadano» porque un negocio de odontología «aparentemente tan rentable tenga una fallida». Lo que hay que averiguar es «si alguien ha metido la mano», una responsabilidad del administrador concursal.

Además, está por ver también si la insolvencia será total o parcial y si la compañía solicita su continuidad o su liquidación. En este último caso, «la mayoría» de afectados se quedará sin protección, salvo que a través de organizaciones de consumidores se obtengan ayudas públicas.

Desde Facua también se atiende a los afectados de Balears. En esta organización se han presentado 85 reclamaciones desde las islas (a nivel nacional suman 2.053). Su secretario general, Rubén Sánchez, recomienda notificar por escrito a las financieras que se deja de pagar porque ha cesado la prestación del servicio y pedir la historia clínica. Ya hay dos casos de pacientes a los que las entidades les han devuelto el importe íntegro de lo todas las cuotas que pagaron.