¿Está hoy la ciencia en la base de las decisiones de gestión sobre la covid-19? La respuesta es “no”, aunque los políticos nos digan que sí, para dar apariencia de credibilidad a sus decisiones, a menudo contrapuestas. No, excepto que se refieran a un apoyo científico ocasional, parcial o no estructurado, carente de reglas homologables en países democráticos, y del rigor, sistemática y experiencia de funcionamiento que caracterizan un asesoramiento científico eficaz. No, excepto que se refieran a la constitución formal de alguno(s) de los comités contemplados en la enmarañada legislación española, y que no funcionan, al menos de forma perceptible.

Sobre la transparencia y las reglas de juego ante los riesgos para la salud, recordábamos, hace casi 20 años (El País, 26 de enero de 2001: “El asesoramiento científico a propósito de las ‘vacas locas’”) que el consenso imperante en las sociedades democráticas avanzadas es que “el análisis científico independiente debe ser la base de las decisiones de los políticos o gestores para hacer frente a las crisis”. Hoy nos encontramos con protagonistas y problemas concretos diferentes, y, además, en medio de una controversia disparatada y un caos de Madrid, que arrastramos desde el mes de marzo y que tiene consecuencias no solo en Madrid.

Los argumentos científicos brillan por su ausencia y la conclusión es que no hemos aprendido mucho. Tampoco en Europa en su conjunto, aunque desde 2005 se cuente con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) pero con competencias insuficientes para el problema actual. Ni es de consulta obligada, ni sus expertos pueden considerarse independientes. Hace falta una agencia con autoridad científica, encargada de la evaluación de riesgos, por analogía con la creación en 2002 de la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), que es de consulta obligada por ley, antes de que se adopten reglamentos, directivas, normativas, disposiciones, etc., en su campo.

La crisis alimentaria de las vacas locas de hace 30 años obligó a un gran cambio, que se empezó a concretar con la reforma de la UE de 1997, con el reenfoque de las políticas de seguridad alimentaria en la UE. A raíz de esa crisis: “Se renovaron los procedimientos para asegurar los principios de excelencia, independencia y transparencia en el reclutamiento de científicos y expertos a todos los niveles; se establecieron medidas que nos obligan a los científicos implicados (que no deben situarse en el anonimato), a declarar cualquier interés económico o conflicto de intereses que pudiera menoscabar nuestra independencia y se implementaron medidas para asegurar que las presiones políticas o de sectores económicos no afecten las deliberaciones de los comités”, escribíamos (El País, 26 de enero de 2001) Y remarcábamos entonces: ¿A qué estamos esperando en España?, una pregunta plenamente vigente ahora, a propósito de la covid-19.

En repetidas ocasiones nos hemos referido a la disciplina denominada ANÁLISIS DE RIESGOS que, sin embargo, no se asume en la crisis actual, al menos desde la desescalada. Es la que sirve de base al desarrollo de normas, leyes, reglamentos y medidas de todo tipo que permiten mejorar la protección de la salud y los derechos de las personas en una sociedad democrática. Se compone de tres elementos esenciales: 1) la evaluación científica del riesgo, un proceso puramente científico, en que se valoran las características del problema, los mecanismos, se identifican las alternativas y las incertidumbres, etc. ; 2) la gestión del riesgo, basada en la ponderación de los resultados disponibles de la evaluación científica, junto a los aspectos técnicos, culturales, económicos, etc., que pueden afectar, y que conlleva la toma de decisiones, lo más difícil; y 3) la comunicación del riesgo, trasparente, accesible, profesional.

Para garantizar la eficacia del conjunto, es esencial que el primer elemento (la evaluación científica del riesgo) pueda realizarse de modo independiente de las presiones de los gestores o políticos, y, en la medida de lo posible, de todos los sectores e intereses, independientemente de que deban ver garantizada su participación en lo que es el segundo elemento, la gestión del riesgo. No menos importante es que el tercer elemento, la comunicación del riesgo, esté basada en los dos elementos anteriores, y que sea realizada por equipos profesionales cualificados.

Está claro que el funcionamiento de un asesoramiento científico 

bien estructurado no se improvisa, se necesitan años para consolidar una credibilidad suficiente, en base al contraste de su excelencia, transparencia e independencia. Sin embargo, estamos en situación de emergencia, bajo el necesario amparo de una declaración del estado de alarma parcial (que ya llega tarde), sabiendo que solo estamos al principio de la crisis y continuará la tendencia al caos en una situación cambiante, y cuando esta amenaza nos encuentra carentes de un sistema de análisis de riesgos bien estructurado. Así, en estas condiciones desfavorables, cabe articular una evaluación de riesgos creíble y útil, con expertos con experiencia contrastada en comités relacionados, de funcionamiento homologable. Sin embargo, deben estar dispuestos a una amplia dedicación, prácticamente exclusiva, y a resistir el escrutinio público. Y no conviene esperar a que todo se organice para el conjunto de Europa.

En todo caso, el gran problema que no ha mejorado en las dos últimas décadas es la falta de hábito de los políticos de basar las decisiones en un asesoramiento científico estructurado e independiente. Es siempre una garantía el que todas las opiniones de un comité científico pasen a estar disponibles en Internet, a las pocas horas de su adopción y con todo detalle. Pueden ser así juzgadas, y criticadas, por otros expertos, y por todos en general. Ello propicia opiniones sólidas que resistan el paso de los días. Forma parte de las normas el que, si en las opiniones no hay acuerdo unánime, se recojan las opiniones minoritarias, junto con la mayoritaria, y las incertidumbres.

Por supuesto, si hemos de creer que hay comités científicos competentes detrás de las decisiones políticas, y que están comprometidos en intentar aportar opiniones, informes, puntualizaciones si se da el caso, etc., sin otros condicionantes que la evidencia científica disponible, sus autores deben ser conocidos y responsabilizarse del contenido de su asesoramiento, con las opiniones minoritarias si las hubiere. Y la misma transparencia debe aplicarse a las actas de las reuniones, y a los intereses económicos y otros posibles conflictos de interés. Es lógico que las personas que forman parte de los comités científicos tengan intereses relevantes, por ejemplo, de tipo económico, como contratos con empresas, la realización de consultorías, conferencias, proyectos de I+D+i conjuntos con el ámbito privado, etc., pues son signos del prestigio individual y hoy en día se consideran méritos y, en muchos casos, prácticas casi inseparables de poder desarrollar una investigación científica de primer nivel. También pueden surgir conflictos derivados de convicciones morales, religiosas, u otros intereses personales. Pero lo que importa no es tanto la existencia de intereses como que no se conozcan y, por tanto, que no se puedan arbitrar medidas para excluir de las opiniones los conflictos de interés. Sabemos a ciencia cierta que todo ello genera inconvenientes, sobre todo en la medida en que de toda esta información se puede hacer un mal uso. Por ello, muchos científicos relevantes prefieren no participar con estas reglas. Debe articularse un paraguas adecuado.

Las medidas de urgencia pueden producir un desgaste innecesario en un colectivo, el científico, que es de los pocos que mantienen un prestigio entre la opinión pública. Como científico, igual que hace 20 años, sigo creyendo que es útil tratar de aclarar conceptos y colaborar con los informadores, especialmente sobre los límites entre los que se establecen las verdades científicas, y que éstas son revisables, en función de nueva información que se obtenga. La emisión de opiniones a vuelapluma no es lo más recomendable, y suele ser fuente de muchos errores, pero, mientras políticos y gestores se aclaran, nos toca arriesgar, también porque la pandemia apremia.

Nadie tiene dudas del espíritu de colaborar de los científicos, pero hace falta una señal, dentro de una estrategia de país (más allá de medidas puntuales y alarmas en una región u otra), que evidencie la determinación política de situar la evaluación científica de riesgos a la altura de los retos planteados.