La juez del juzgado de instrucción número 12 de Palma ha declarado el archivo definitivo a la querella que el PP de Baleares presentó contra el antiguo jefe de campaña del partido Més per Mallorca, Jaume Garau, así como contra cuatro antiguos altos cargos del Govern y tres empresas relacionadas con estos denunciados. La juez ha decidido el archivo, tras ser solicitado tanto por la fiscalía, como por las defensas, al no apreciar los indicios de delito que se indicaban en la querella. En el auto la magistrada indica que se han justificado los contratos que se firmaron con las empresas de Garau y, por tanto, no aprecia indicios de delitos.
Esta decisión, además de Garau, que ha sido defendido por la abogada Carolina Ruiz, también beneficia a la exconsellera de Cultura del Govern, Ruth Mateu; al exdirector general de Cultura, Jaume Gomila, al que fuera director del Institut de Estudis Baleàrics, Josep Ramon Cerdá; al exdirector de la Agencia de Turismo de Balears, Pere Muñoz; y al entonces presidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer.
El PP acusaba a todas estas personas de los delitos de tráfico de influencias, malversación, fraude y prevaricación, todo ello relacionado con una serie de contratos menores, impulsados por la administración, que fueron otorgados a las empresas de Jaume Garau. Contratos que se referían a un estudio del público que asistía a los conciertos del Consorcio para la Música de Mallorca, así como un servicio de asistencia para elaborar una estrategia de desarrollo sostenible del Patronato de la Vivienda de Palma. Otro contrato denunciado se refería a un informe de estrategia de desarrollo urbano sostenible firmado por el Ayuntamiento de Calvià y el cuarto estaba relacionado sobre un informe de estrategia política suscrito por el Patronato Municipal de Turismo de Formentera.
La juez no aprecia delitos y decreta el archivo definitivo del llamado Caso Contratos, que supuso la imputación de Jaume Garau y otros cuatro ex altos cargos de Més
La juez decidió aceptar a trámite dicha denuncia, al entender que no estaba relacionada con una querella anterior investigada por otro juzgado, que también fue archivada al no apreciarse delito.
La magistrado ha adoptado esta decisión después de tomar declaración a todos los denunciados. En su auto considera que los investigados que obtuvieron los contratos administrativos explicaron de manera coherente cuál había sido el objeto de estos trabajos, así como su nivel de participación en la licitación pública de estos proyectos. También entiende la juez que justificaron el precio fijado en la licitación, que se establece dentro de lo que marca el mercado.
Por otra parte, con respecto a los políticos que impulsaron desde sus respectivos departamentos estas contrataciones, la juez llega a la conclusión de que actuaron de una forma legal, rechazando que hubieran fraccionado los contratos para evitar los requisitos de publicidad y beneficiar así a las empresas investigadas, propiedad todas ellas de Jaume Garau, con el que compartían relaciones políticas con Més per Mallorca.
