La conselleria de Medio Ambiente y el Gobierno del Estado han llegado a un acuerdo interpretativo con el que se evita un recurso de inconstitucionalidad al decreto 9/2020 de protección del territorio, aprobado el pasado mayo. Las discrepancias con Madrid respecto a este decreto hacían referencia al artículo que establece que las reclasificaciones de suelos urbanizables no darán lugar a indemnización, «de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal». Se cambia la redacción apuntando que no habrá lugar a indemnizaciones «siempre que la normativa del Estado así lo permita».
La directora general de Ordenación de Territorio, Maria Magdalena Pons, aseguró que se trata «de un cambio de redacción para evitar invadir competencias estatales». El acuerdo fue rápido entre las dos administraciones y así se ha evitado que Madrid interponga un recurso de inconstitucionalidad.
El decreto, aprobado durante el estado de alarma por el coronavirus, protege 400 hectáreas de suelos urbanizables y 200 de los conocidos como falsos urbanos. Era en este apartado donde se añadía la coletilla de las indemnizaciones que ahora se ha cambiado.
De este modo, no se llevará a cabo la comisión bilateral prevista en este tipo de procedimientos, de la que informaban ayer el BOE y el BOIB. Los dos boletines anunciaban también el inicio de las negociaciones por discrepancias respecto a varios artículos del decreto de medidas covid-19 (8/2020), un texto que incluía medidas de diferentes ámbitos. La más conocida es la ampliación de hoteles mediante declaración responsable.
Sin embargo, la comisión tampoco se celebrará por el momento. La resolución publicada ayer data del 11 de septiembre, pero el pasado martes, el Parlament aprobaba la ley derivada de la tramitación del decreto. El procedimiento parlamentario ha modificado algunos de los artículos señalados por el Gobierno estatal, aunque no todos. Por este motivo, el Gobierno y la Comunidad han acordado analizar más adelante la nueva ley.
