Salud podrá suplir las carencias de Primaria con médicos y enfermeras de hospitales

A partir de hoy, 1 de octubre, el Servei de Salut gozará de mayor flexibilidad para redistribuir a su personal. El real decreto-ley 29/2020, publicado ayer en el BOE, faculta al IB-Salut a adoptar una serie de medidas urgentes con sus recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

Entre ellas, el decreto establece la posibilidad de que cada CCAA «podrá acordar que el personal de enfermería y médico especialista estatutario que preste servicios en centros hospitalarios pase a hacerlo en los centros de Atención Primaria de su área de influencia (...) por insuficiencia de personal (...) como consecuencia de la pandemia por covid-19, siempre que quede garantizada la atención sanitaria en sus unidades de origen».

La norma también contempla este flujo laboral a la inversa, esto es, que médicos y enfermeras de los centros de salud refuercen servicios hospitalarios.

También faculta el RD a las CCAA a «destinar al personal estatutario de enfermería y médico facultativo especialista de área de cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya cuando el número de profesionales de dichas unidades no sea suficiente».

El IB-Salut define al RD como «último recurso» para una emergencia que «no se ha ejecutado ni se prevé ejecutar»

De la misma manera, la norma ya en vigor permitiría que el «personal funcionario autonómico de los cuerpos o categorías para los que se exigiera para su ingreso el título de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Medicina o Enfermería, de forma excepcional y transitoria y de manera motivada por la insuficiencia de personal médico o de enfermería a causa de la pandemia por covid-19, a cualquier dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud, dentro de su provincia».

Mires sin plaza

Asimismo, la norma, publicada ayer en el BOE y que entrará hoy en vigor con una vigencia de un año prorrogable por periodos de tres meses, prevé también la «contratación de los profesionales de cualquier titulación que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza».

Y asimismo posibilita al Servei de Salut a contratar a profesionales sanitarios con el título de especialista obtenido en Estados no miembros de la UE pese a que aún no hayan sido homologados en este país. A estos facultativos extracomunitarios se les tendrá en cuenta el periodo de servicios prestados para su posterior reconocimiento de la especialidad.

Preguntado el IB-Salut sobre qué traslados pensaba acometer, se limitó a decir que ninguno, que se trataba de un último recurso para una situación de emergencia por covid «que no se ha ejecutado ni se prevé ejecutar».El comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), de la que forma parte el sindicato médico de Balears aprobó ayer la convocatoria de una huelga general de médicos en todo el territorio nacional después de conocerse el contenido completo del Real Decreto Ley 29/2020.

La CESM lamentó la promulgación del RD «sin contar en absoluto con la profesión médica e incluso tan solo 24 horas después de que el propio Foro de la Profesión propusiera soluciones a la supuesta falta de médicos».

A juicio de CESM, el Real Decreto Ley aprobado «no hace sino poner en riesgo la seguridad de los pacientes, puesto que se está pisando la regulación de la profesión, se legaliza el intrusismo profesional y se deslegitima el sistema de Formación Sanitaria Especializada. En definitiva, se le da la puntilla a la calidad del Sistema Nacional de Salud».

La Confederación pone de relieve que «la dudosa redacción del artículo 3.2. atribuye competencias exclusivas de los médicos de familia a los enfermeros hospitalarios, permitiendo a las comunidades autónomas el desplazamiento de este personal desde los hospitales a los centros de Atención Primaria».

Concluye la CESM que «por no poder permitir que se desmantele una profesión tan preciada, exigimos la retirada de este RD y se aprueba la convocatoria de movilizaciones en forma de una huelga nacional. En esa línea, utilizaremos todas las herramientas disponibles, contactos con todos los grupos políticos hasta el recurso por vía judicial nacional y europea, pasando por la petición de amparo al Defensor del Pueblo.