Coordinadora de la comisión de expertos sobre la explotación de menores del IMAS. Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y experta en maltrato y abuso infantil y juvenil, se le encargó coordinar el grupo de expertos para analizar cómo menores tuteladas acabaron en redes de explotación. Ayer se publicaron las conclusiones
El informe que han hecho se centra básicamente en hacer propuestas y no tanto en buscar responsables. ¿Para hacer propuestas de mejora no hay que analizar quién o qué ha fallado?
Sí, y por eso hemos analizado los procedimientos que se siguieron en los 16 casos de menores explotadas. De ahí llegamos a que los protocolos se aplicaron. ¿Los tiempos fueron los mejores? No. Teníamos tres objetivos: evaluar los protocolos, cómo se aplicaron y hacer un informe. Nosotros hemos hecho lo que se nos pidió. Si ahora debe haber una comisión de investigación o no, ya no es cosa nuestra.
Concluyen que se tardó en aplicar los protocolos. ¿De quién es esa responsabilidad?
La responsabilidad es de todos los implicados. No puede ser que haya casos que se lleven a Fiscalía a los diez meses y otros a los tres años. Son casos de explotación, son frecuentes y no son casos puntuales o aislados, por lo que debe haber unas pautas comunes.
¿Han faltado recursos?
Sí. Hay dos mejoras que salen de los educadores: que la ratio de menores por profesionales es muy alta y la burocratización que se encuentran. El IMAS tiene que hacer autocrítica al respecto.
La cuestión es: ¿por qué se fugan los menores y cómo evitarlo?
Hay múltiples causas, pero una es que los centros no llegan a establecer un vínculo con alguno de estos menores, que ya vienen con dificultades, como haber sido víctimas de abuso en sus familias en algunos casos. Buscan atención y afecto y eso les convierte en perfiles de riesgo porque estas redes perversas se lo ofrecen, además con recompensa económica. Las captadoras, de su edad, a veces se hacen llamar «hermanas», con lo que les dan ese vínculo y ese afecto. Los centros deben trabajar en ello. Seguramente la elevada ratio de menores por educadores lo dificulta.
Vuelve a la falta de recursos.
Y de formación de muchos educadores que se sienten inseguros. Es una cuestión de la que se ofrecen poco recursos a los educadores.
La oposición denuncia que con su informe se blanquea la gestión por parte del Consell.
Que sirva para blanquear o para atacar al IMAS no es responsabilidad nuestra. Lo que ya luego haga el IMAS es responsabilidad del IMAS. Hemos tratado de hacer un trabajo riguroso, en mi caso por parte de mi universidad, y no ha habido interferencias políticas, ni las hubiera permitido, a la hora de hacer este informe.
De este tema se ha empezado a hablar este año, pero venía ya de años atrás. ¿No ha sido una prioridad del Consell?
Probablemente. Al menos en Mallorca, gracias al IMAS o gracias a que la prensa lo habéis destapado y habéis presionado al IMAS, se ha abordado un tema que otras comunidades están escondiendo. Pedimos información a todo el resto de comunidades y sólo Madrid y Menorca nos contestó. El interés del resto, nulo.
Con las propuestas de mejora que han hecho, ¿se puede garantizar que no vuelva a pasar y caigan menores tuteladas en redes de explotación?
Primero, que se apliquen. Y después que se evalúen. Hay que entender que la explotación es endémica, que ocurre en todos los ámbitos, incluso en la familia. Casos de explotación los seguiremos teniendo y la responsabilidad del IMAS es reducir los factores de riesgo para reducir los casos.
