El 20 de noviembre de 2011 se celebraron las elecciones generales que concedieron una mayoría hegemónica al PP. El entonces presidente balear José Ramón Bauzá votó en un colegio en es Pont d’Inca. A la salida, se despachó ante las cámaras y micrófonos reclamando “un gran aporte en votos para el Partido Popular y para quien va a ser el próximo presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy”. Por si no quedaba claro, y ante el estupor de los periodistas que se transmitiría incluso a sus rivales políticos, el hoy eurodiputado de Ciudadanos añadió que “necesitamos una gran diferencia, un apoyo masivo, precisamente para ese gran cambio que España necesita en este momento”.
Aunque Bauzá balbucearía por la noche que “en ningún momento he pedido el voto ni ha sido mi intención pedirlo”, sus extensas declaraciones eran una estruendosa proclama ante los medios para votar por un partido concreto, realizada además en un colegio electoral. El PSOE denunció al president como presunto autor de un delito electoral, por pedir el voto para el líder de su partido.
El artículo 53 de la LOREG o Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece la prohibición de solicitar el voto el día de los comicios. En el articulado se fijan penas de hasta un año de cárcel a quienes realicen actos fuera de plazo o incumplan las normas en materia de cartelería electoral.
«Necesitamos un apoyo masivo al PP» fue excusado por la Junta Electoral como «una convicción personal»
La claridad meridiana de las declaraciones de Bauzá motivó una auténtica danza de elusión de competencias, en busca de una instancia que encontrara un contexto exculpatorio según se advertiría en el veredicto final. En primer lugar, hubo un atisbo de conflicto entre la Junta Electoral Provincial de Balears y la Central.
La denuncia socialista recaería finalmente en la Junta Electoral Central que se ha mostrado inmisericorde con Torra, y que en menos de un mes ya había archivado el caso. El organismo que vela por la pureza de los comicios perdonaba al president balear porque sus manifestaciones eran «la expresión de una convicción personal». Quizás con una sombra de sonrojo por esta extraña maniobra, los junteros compensaban acusando al absuelto de haber pronunciado unas palabras «poco acordes con la discreción que deben mantener los políticos en la jornada electoral». Y ante la necesidad de descargar sobre un culpable, ahí estaban los sufridos lomos periodísticos. Bauzá no fue lenguaraz por un vicio propio, «sino al ser requerido a la salida del colegio electoral a dar respuesta a los profesionales de los medios».
La extraña valoración llegó a la sala de lo Contencioso del Supremo, donde se retorció todavía más, siempre a favor de Bauzá pese a un voto particular en contra. El incidente verbal fue devuelto a la actualidad por la defensa de Torra, a cargo del mediático Gonzalo Boye. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y a preguntas de su letrado, el presidente de la Generalitat se explayó el año pasado ante lo que consideraba un precedente de su propio caso con Bauzá como afortunado protagonista.
La declaración de Torra dejaba claro que recurría a Bauzá en cumplimiento de la estrategia de su abogado. El argumento exculpatorio no fue atendido por el TSJC ni por el Supremo, según demuestra el año y medio de inhabilitación. La «contumacia» ha sido decisiva, aunque el mallorquín no se quedó corto.
