La presidenta del Govern, Francina Armengol, sostuvo ayer en el pleno del Parlament que las residencias de ancianos de Balears «son seguras y tienen un personal que se deja la piel para proteger a las personas mayores». La jefa del Ejecutivo contestaba así a una pregunta de Lina Pons, de El Pi, quien le recordó que en los geriátricos de las islas han fallecido desde que estalló la pandemia 143 residentes, 54 de ellos en la segunda ola.

Pons exigió al Govern que aumente las medidas de prevención y los recursos de protección para los ancianos que viven tanto en residencias públicas como privadas y consideró que lo que está ocurriendo en ellas a causa del coronavirus es un «fracaso de toda la sociedad».

Armengol defendió que los geriátricos han sido “siempre una prioridad” para su Govern. En este sentido, la presidenta recordó que se han impulsado “planes de contingencia propios para cada centro que determinan como se actuará y se aislará a los contactos”, además de medidas como limitaciones de visitas y protocolos de aislamiento. Junto a ello resaltó que se les ha dotado de material de protección «adecuado» y se ha promovido la formación específica de sus trabajadores.

En lo que se refiere a la formación, recordó que se «está ultimando un convenio» entre las conselleries de Salut y Asuntos Sociales y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para formar mejor a los profesionales de las residencias de ancianos. Junto a ello, resaltó la aprobación del decreto ley que obliga a tener más personal sanitario.

Lina Pons coincidió con Armengol en que «la protección de los mayores ha de ser una prioridad siempre, sin importar quien esté detrás de la propiedad de las residencias» y sostuvo que El Pi «está dispuesto a ayudar como haga falta para que esta segunda ola no de tantos disgustos».

Patricia Guasp, de Ciudadanos, también incidió en su pregunta a Armengol en el pleno del Parlament en que “las residencias de mayores vuelven a ser foco de contagio”. Guasp preguntó a la jefa del Ejecutivo respecto a si apoyaría la realización de una auditoría externa de la gestión de la pandemia en Balears. «El Govern estaría dispuesto a someterse a una auditoría porque confía en su gestión, en que la toma de decisiones se ha hecho en base a criterios técnicos y epidemiológicos y en el sistema de Salud de las islas», contestó Armengol.

La presidenta puso como ejemplo la contratación de «2.300 profesionales sanitarios, 900 nuevos durante esta crisis, la incorporación de rastreadores y la compra de material». Insistió en que «la prioridad del Govern durante la pandemia ha sido proteger a los más vulnerables», si bien admitió que «las cosas siempre se pueden hacer mejor».

Guasp, por su parte, defendió que «hace meses que se debería haber hecho esta auditoría» y recordó que «una veintena de científicos e investigadores españoles plantearon el pasado 7 de agosto que se audite la gestión del Gobierno de España y también el de las comunidades autónomas», por lo que emplazó a la presidenta del Govern a respaldar esta iniciativa, a lo que Armengol se mostró dispuesta. «Balears no tiene ningún problema, todo lo contrario», sostuvo la presidenta al respecto. A pesar de esta respuesta, Guasp consideró que «el objetivo» de esta auditoría que planteaban los científicos e investigadores «era estar preparados frente a futuros rebrotes y sin embargo, una vez más, se llega tarde».