Las cifras de Balears mejoran dentro de lo peor. Un escéptico añadirá que los datos se flexibilizan para corregir medidas políticamente inadecuadas. Porque si decretar un confinamiento es arriesgado, la desescalada exige sincronizar los contagios aliviados con las restricciones que se desmontan. El Govern ha convertido a Palma en un mosaico donde circular es más peligroso por la epidemiología cambiante que por el tráfico.
El coronavirus ha desatado un pánico de tal magnitud que los ciudadanos aceptan limitaciones que, en otras circunstancias, desencadenarían una sublevación. El confinamiento no es igual para todos, de acuerdo con el principio de que “Los yates tienen derecho a playa”, que no se ha esgrimido con la contundencia adecuada.
Las autoridades aguardaron a que finalizara la temporada del botellón, y solo a instancias de las asociaciones de vecinos, para clausurar las playas en horario nocturno a todos los ciudadanos. En fin, a casi todos, porque esta constricción a la población civil exceptuaba a los centenares de propietarios de yates que fondeaban sin trabas en el ámbito de los arenales, aunque fuera del lado del mar.
Se alegará que no hay peligro de transmisión fuera del yate en cuestión, pero el riesgo de contagio también desaparece cuando se trata de un bañista solitario. Aparte de que la zona de exclusión no debería admitir excepciones flagrantes, que no fueron detectadas por el ya célebre helicóptero cazabañistas de la Guardia Civil.
Los yates con derecho a playa demuestran que los privilegios siempre dan más juego que las normas. El conde de Romanones corregiría hoy su clásico “hagan ustedes la ley, que yo haré el reglamento” en “decreten ustedes el confinamiento, que yo fijaré las excepciones”.
