Si la Administración no sabe bien qué límites legales tiene en una situación tan extrema como es el manejo de esta pandemia, es como para que sus administrados se pongan a temblar. Y es que el Govern decidió ayer intervenir la residencia Bell Entorn cuando hace tan solo cinco días, el pasado martes, respondía a este diario que solo encontrándose en estado de alarma tendría “cobertura legal” para poder intervenir una residencia de titularidad privada. Por ello, informaron entonces, la comunidad autónoma tendría que decretarlo antes de poder hacerlo.
Ayer las explicaciones fueron otras. Durante el estado de alarma una resolución del ministerio de Sanidad autorizó a las Comunidades a hacerse con el control de las residencias de ancianos si la situación en esos establecimientos era crítica. Y a esa resolución se acogió el Govern para intervenir entonces en Palma las residencias DomusVi y Oasis. Tras el fin del estado de alarma, el decreto autonómico de junio que regulaba la nueva normalidad en las Islas también daría la potestad al Govern para intervenir en las residencias. Solo que las fuentes jurídicas consultadas el martes al parecer lo desconocían.
