El anteproyecto de ley estatal de memoria histórica, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, ha sido recibido desde los responsables de Memoria Democrática de Balears como una iniciativa que para las islas permitirá avanzar en aquellos ámbitos en los que hasta ahora se han encontrado con grandes limitaciones. Así, cuestiones como la elaboración de un banco nacional de ADN de desaparecidos, la retirada de simbología franquista en edificios estatales o la creación de una Fiscalía específica, que impulse la investigación de todo lo relacionado con la represión de la dictadura, además de la anulación de las sentencias, son algunos de los ámbitos en los que desde la secretaría autonómica de Memoria Democrática, a cuyo frente está Jesús Jurado, se confía en que el trabajo realizado hasta ahora en las islas vaya mucho más lejos.
“La ley estatal complementará nuestras leyes en cuestiones como simbología, el censo de víctimas o exhumaciones”, resalta Jurado, en referencia a la Ley autonómica de Fosas de junio de 2016 para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo en las islas y la Ley de Memoria Democrática de 2018.
Desde la aprobación de la Ley de Fosas se han exhumado en las islas quince, que aumentarán a 17 cuando finalice el segundo Plan de Fosas del Govern, que se está ejecutando en la actualidad. Hasta ahora, estas actuaciones han permitido la recuperación de 92 víctimas de la represión franquista, de las que se han identificado a 25. De ellos, los restos de 21 ya han sido devueltos a sus familias. El estallido del coronavirus frenó la entrega de los otros cuatro, según explica Jurado.
Se sigue investigando para identificar al resto aunque no es fácil, en muchos casos porque no se encuentran familiares para realizar pruebas de ADN o por la imposibilidad de extraer ADN de algunos de los cuerpos encontrados ante su estado de deterioro, precisa el secretario autonómico de Memoria Democrática.
La apertura de fosas es el ámbito en el que más se ha avanzado en Balears en relación a la reparación a las víctimas, en gran parte gracias al esfuerzo de Memòria de Mallorca, que intervino por primera vez en 2014 con la apertura de la fosa de Sant Joan, junto con el ayuntamiento de la localidad y la UIB. En 2016, por encargo del Govern, Memòria de Mallorca intervino en la fosa de Porreres y un año después el Fòrum de Eivissa y Formentera abría la de Sant Ferran, en Formentera.
El Plan de Fosas del Govern de 2018 supuso la intervención en 10 en Mallorca y Eivissa, en concreto en Alaró, Marratxí, Sencelles, Calvià, Ses Figueretes, Llucmajor, Santa Maria, Montuïri, el Pou de s’Àguila de Llucmajor y el Pou de Son Lluís, en Porreres.
El Plan 2019-2020 que ahora se está ejecutando supone la intervención en Son Coletes (Manacor), el cementerio de Bunyola, el de Valldemossa y un horno de cal del Coll de Artà-Salma. Además se incluyen segundas actuaciones en Sencelles, la zona ajardinada de Porreres, Ses Figueretes, el Pou de son Lluís de Porreres y el cementerio de Santa Maria.
El gran esfuerzo inicial corrió a cargo de Memòria de Mallorca no sólo en lo que se refiere a la apertura de fosas. La Asociación ofreció el pasado año al Govern el inmenso archivo del proyecto “Totes les Causes”, que fue subvencionado por el ministerio de Presidencia. En él están los documentos de 2.761 causas judiciales del periodo 1936-1939 que contienen 4.653 nombres de personas que fueron encausadas en Balears por la represión franquista durante la guerra civil, con un total de 294.332 documentos digitalizados.
Esta documentación se obtuvo en el Archivo Histórico del Juzgado Militar de Balears, después de obtener los permisos para fotografiarlos. Jesús Jurado pone de relieve no sólo que “el Estado puede acceder con más facilidad a los archivos militares” sino que, además, “la anulación de las sentencias corresponde al Estado, por lo que la futura ley tendrá en este aspecto también un peso importante en las islas”.
Simbología
Precisamente la anulación de las sentencias que se contempla para la futura ley estatal era una de las cuestiones que se mencionaban en la Ley de Memoria Democrática balear de 2018, así como la catalogación y retirada de los símbolos del franquismo. En este aspecto Jurado resalta que en Balears se va retirando toda la simbología franquista que depende de las instituciones de las islas y cada año se revisa el censo conforme se localizan nuevos, aunque admite que aún quedan por retirar.
Sin embargo, hay símbolos que se encuentran en edificios o lugares de titularidad estatal, cuya retirada se produciría si la futura ley lo incluye. Como ejemplos, Jurado resalta un mausoleo en el cementerio de Palma “que fue del Ejército del Aire y ahora depende de Defensa” o el monumento a los caídos en Maó. En Palma en algunos casos se optó por tapar algunos símbolos colocando por ejemplo una placa por encima, como se hizo con el escudo franquista con el águila y las flechas en el edificio de Correos.
El caso de sa Feixina de Palma sí depende de las instituciones autonómicas, pero su retirada se encuentra en manos de los tribunales. El pasado mes de marzo el juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Palma fallaba que este monumento tiene que ser catalogado por su valor arquitectónico, histórico y artístico, dando la razón a los dos recursos interpuestos en 2017 por la entidad proteccionista ARCA y la asociación de Veïns i Amics de Santa Catalina contra la decisión del Consell de Mallorca de no preservar como Bien Catalogado el obelisco de origen franquista. La institución insular dejó claro de inmediato que recurriría esta sentencia ante el TSJB.
Junto a estos ámbitos, una de las cuestiones previstas en el anteproyecto de ley estatal que según Jurado supondrá “un gran avance” será la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo encargada de investigar los hechos producidos en la Guerra Civil y la dictadura que supongan violaciones de derechos humanos. “Hasta ahora la Fiscalía ha actuado de tapón, también en Balears, para avanzar en la memoria democrática ya que basándose en la Ley de Amnistía de 1977 se ha negado a investigar lo relacionado con la represión franquista al entender que investigar las desapariciones suponía buscar a los culpables, que quedaban limpios con aquella Ley”, sostiene Jurado.
Junto a ello, y con “todas las reservas” respecto al resultado final de lo que todavía es un anteproyecto de ley, Jurado ve positivo que se prevea incluir esta legislación en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y la formación del profesorado, una cuestión que “en Balears ya se está planteando”. En este sentido precisa que en lo que se refiere a la legislación estatal “no queda muy claro este asunto en lo que se refiere a cuándo y a cómo se hará, por lo que por ahora aquí se seguirá trabajando para incluirlo”. Para Jurado se trata de una cuestión de gran relevancia ya que “muchos olvidan que el lema de verdad, justicia y reparación incluye la garantía de no repetición y sin educación esa garantía no existe”.
Hay algunas otras cuestiones que el secretario autonómico de Memoria Democrática considera que deberían “afinarse más de lo que están en el anteproyecto para que quedara claro, como por ejemplo todo lo que es apología del franquismo”. No obstante, está convencido de que en su tramitación estos aspectos quedarán perfilados y que la ley resultante, que sustituirá a la aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, supondrá un “gran avance para la democracia”.
LAS CLAVES
Fosas: En Balears se han exhumado hasta ahora quince fosas y recuperado los cuerpos de 92 víctimas de la represión franquista, de las que se han identificado a 25.
Causas judiciales: Memòria de Mallorca obtuvo en el Archivo Histórico del Juzgado Militar de Balears los documentos de 2.761 causas judiciales en las islas por la represión franquista durante la guerra civil.
Fiscalía: El secretario balear de Memoria Democrática confía en que la creación de una Fiscalía permita avanzar más en la investigación de la represión franquista.
