El grupo parlamentario popular, a través de la diputada Marga Durán, presentó ayer en la Cámara balear una Proposición No de Ley para evitar la “desprotección” de los más vulnerables instando al Govern a que no suspenda la Renta Social Garantizada a ningún perceptor si no ha podido presentar la documentación antes del día 30 de septiembre o hasta que no tengan garantizado el cobro de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, es decir, también en el supuesto de que éste haya sido denegado.
Según detalló ayer la formación política, la propuesta de los populares insta al Gobierno central a agilizar las tramitaciones, revisando y simplificando requisitos y criterios de concesión, de la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital.
Asimismo, los populares piden al Gobierno del Estado que equipare el importe, de manera automática y con carácter retroactivo, de la prestación de discapacidad a las personas mayores de 18 con un porcentaje de un 65 por ciento (sin ayuda de tercera persona) a la cuantía del ingreso mínimo vital por adulto mayor de 18 años.
La iniciativa presentada por el PP balear en el Parlament apunta a que “las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación son del todo decepcionantes” ya que indicarían que a finales de agosto solo 15 familias en Balears habrían conseguido percibir la ayuda estatal, dos meses después de su entrada en vigor.
Además, en su iniciativa los populares sostienen que las solicitudes tienen “muchas dificultades” para ser aprobadas y como prueba de esta crítica es que hay unos 600 titulares de Renta Social Garantizada y de la Renta Mínima de Inserción que, por diferentes motivos, no han podido hacer la solicitud.
En este sentido, Durán calificó la nueva ayuda estatal de “auténtico fraude” y recordó que “a nivel nacional solo se han resuelto un 10 por ciento de las solicitudes y de cada cinco solicitudes, cuatro se deniegan”.
La diputada del PP sostuvo que por este motivo “el Govern decidió prorrogar el plazo de las solicitudes hasta día 30 de septiembre, aprobando el decreto 12/2020, el cual será del todo insuficiente puesto que dejará sin prestaciones a las personas que no hayan podido presentar solicitud antes de esta fecha y además dejará sin prestación a las personas que hayan visto denegada su petición de ingreso mínimo vital”.
Por ello, Marga Durán insistió en la necesidad de que “no haber solicitado el Ingreso Mínimo Vital antes del 30 de septiembre no implique dejar de recibir” la Renta Social Garantizada” y que todos sus perceptores “la sigan recibiendo, aunque se les deniegue el Ingreso Mínimo Vital”.
