El previsible acuerdo tripartito para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y ampliar las ayudas para los trabajadores fijos discontinuos se está viendo frenado por culpa del Gobierno y de la patronal, según afirmó ayer en Palma el secretario general estatal de UGT, Pepe Álvarez, a los que acusó de “trilerismo político” al incorporar nuevas medidas no previstas inicialmente y que los sindicatos no pueden aceptar.
Concretamente, Álvarez se refirió a la nueva propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que a partir de octubre a los trabajadores en ERTE de fuerza mayor se les descuente de su prestación por desempleo, si habían adquirido ese derecho, la ayuda que cobran del Estado, y la de la CEOE para que se retire la prohibición de no poder despedir durante seis meses a las empresas que se acojan a ese tipo de expedientes temporales. Ambas medidas son inaceptables para la UGT, según su secretario general, que incluso puso en duda la legalidad de la primera de esas propuestas, ya que afectaría solo a los trabajadores con derecho a prestación y al resto no.
Pepe Álvarez se mostró especialmente crítico con lo que está sucediendo porque, en su opinión, durante la Mesa del Diálogo Social que se reunió en Palma hace pocos días el acuerdo estaba prácticamente para firmar, al existir consenso respecto a que la prestación por paro no debe pasar del 70% al 50% a los seis meses en la coyuntura actual, a que hay que garantizar que los fijos discontinuos reciban una ayuda económica que les permita “sobrevivir” hasta el inicio de la próxima temporada turística, y a la necesidad de prorrogar los ERTE.
Además, insistió en la necesidad de que se suscriba este acuerdo con la mayor celeridad posible para dar certeza a empresas y trabajadores respecto a cómo van a poder actuar.
Reunión en Palma
Álvarez compareció ayer acompañado del secretario general de UGT en las islas, Alejandro Texías, aprovechando la ronda que está haciendo por diferentes comunidades autónomas. Entre los aspectos que se trataron está también la decisión de que el sindicato recupere su relación personal y presencial con los trabajadores respetando las medidas sanitarias, además de la telemática.
El responsable del sindicato en el ámbito estatal reclamó que se derogue la reforma laboral con la mayor celeridad posible, al considerar que está favoreciendo la contratación temporal y los “salarios de miseria”, y la aprobación de la Ley del Teletrabajo para que éste no suponga que es el empleado el que ha de cubrir los gastos que conlleva. Sobre este último punto, defendió que esta ley se debe de aplicar si durante un trimestre una media del 15% de la jornada se ha realizado desde casa.
Además, reclamó un gran acuerdo político en torno a los presupuestos generales del Estado para 2021, al menos en relación a los criterios para invertir los 70.000 millones de euros que van a llegar a España de la mano de las ayudas europeas acordadas para compensar los daños económicos generados por el coronavirus.
Pensiones a revalorizar según la inflación
El máximo responsable estatal de UGT, Pepe Álvarez, defendió en Palma la necesidad de derogar cuanto antes la reforma de las pensiones que realizó el PP en 2013 y de garantizar que éstas se van a revalorizar automáticamente en relación a la inflación para que mantengan su poder adquisitivo. También insistió en que hay que suprimir el factor de sostenibilidad para calcularlas según la esperanza de vida, cuya aplicación está ahora suspendida hasta 2023, ya que de ponerse en marcha podría suponer que el valor de las pensiones de 2050 sea un 40% inferior a las que se abonen en 2030. Al respecto, recordó que el PSOE y Unidas Podemos lo llevaban en sus programas electorales.
