Los juzgados uniprovinciales de lo Contencioso-Administrativo de Palma tuvieron que dictar durante este verano hasta cuatro resoluciones para ingresar de manera forzosa a otras cuatro personas que se negaban de forma manifiesta y reiterada a mantenerse confinados como consecuencia de su contagio por SARS-CoV-2, según revelaron fuentes judiciales.
Paralelamente, la conselleria de Administraciones Públicas ha recibido desde el pasado 10 de julio (fecha de aprobación del decret0 ley de régimen sancionador por incumplimientos covid) hasta estos días más de un millar de propuestas de sanción (1.025) por infracciones ciudadanas en esta materia.
Fuentes de los juzgados de Palma diferenciaron las resoluciones dictadas para ingresar forzosamente a personas que se niegan a cumplir el periodo de confinamiento decretado por las autoridades sanitarias de los confinamientos domiciliarios que, en mayor o menor medida, están cumpliendo en estos momentos 2.037 personas positivas por covid-19 en las islas a las que hay que sumar otros 7.333 contactos estrechos de infectados que, igualmente, deben permanecer 14 días encerrados en sus domicilios.
“Estos confinamientos, que también deben ser acordados por las autoridades sanitarias, se basan en el principio de voluntariedad de los propios afectados y su incumplimiento podría ser sancionado”, explicaron las citadas fuentes judiciales.
Por el contrario, el trámite judicial se hace forzoso cuando algunas personas se niegan reiteradamente a mantenerse en cuarentena y las autoridades consideran que, por su estado, entrañan un riesgo para la salud del resto de los ciudadanos.
En estos casos se requiere un ingreso forzoso en un hospital u otro establecimiento sanitario el tiempo que sea necesario hasta que la carga vírica del infractor desaparezca. Y como se trata de un recorte de las libertades individuales de esa persona, para proceder a ejecutarlo se requiere antes de una resolución judicial que lo autorice y disponga las medidas para que efectivamente se cumpla.
Pues bien, a lo largo de este verano un único juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma se ha ocupado de estos asuntos y ha tenido que dictar cuatro resoluciones para forzar a otras tantas personas a cumplir con estos confinamientos de manera obligada.
Fuentes judiciales lamentaron estas actitudes insolidarias que, recordaron, conllevan aparejadas una serie de medidas para su cumplimiento que dudaron que se pudieran mantener si estas actuaciones fueran más generalizadas.
Así, recordaron que el infractor debe ser conducido hasta el hospital, centro de salud o incluso al establecimiento que se le pudiera haber asignado al no reunir sus domicilios las condiciones idóneas de aislamiento en un furgón policial.
Y que una vez ingresado se le debe poner la vigilancia necesaria para que no se vuelva a escapar. Así, las citadas fuentes señalaron que para cada uno de estos incumplidores se debería destinar la vigilancia de hasta dos agentes policiales por cada turno de ocho horas. Se tendrían que destinar por tanto a seis efectivos para su vigilancia, algo totalmente inasumible en estos momentos.
Respecto al más de millar de actas por otros incumplimientos covid que ha recibido Administraciones Públicas, desde este departamento señalaron que ninguna de ellas hacía referencia a presuntas infracciones por saltarse las cuarentenas domiciliarias.
De las 1.025 actas de infracciones recibidas hasta el momento en el departamento dirigido por Isabel Castro –que han sido levantadas durante los operativos conjuntos realizados por inspectores de la comunidad junto a fuerzas de seguridad así como en las otras inspecciones llevadas a cabo por policías locales, guardias civiles o efectivos de la Policía –, 696 se han abierto en Mallorca, 271 en Eivissa y Formentera y 58 en Menorca, desglosaron. A los primeros operativos corresponden 345 actas mientras que el resto (680) habrían sido levantadas por el resto de los cuerpos de seguridad citados.
Mascarillas y fiestas particulares
Respecto a las actas abiertas a título individual contra ciudadanos incumplidores de las normas impuestas durante esta pandemia, la mayoría hacen referencia a un uso inadecuado o a la negativa a llevar mascarilla, explicaron desde Administraciones Públicas señalando que también, aunque de manera más puntual, había algunas propuestas de sanción por incumplimientos de los aforos marcados en fiestas particulares.
Y en las actas abiertas por incumplimientos en locales de ocio se daban una miscelánea de motivos. Desde incumplimientos de horarios hasta no disponer de cartelería informativa pasando por usos de barras o pistas de baile totalmente prohibidos a partir de las diez de la noche y llegando hasta el caso más grave hasta el momento y que condujo a la detención del dueño del restaurante El Pirata de Formentera, Joan Yern Mayans, por hacer trabajar a empleados que deberían estar guardando cuarentena.
LAS CIFRAS
4 resoluciones judiciales para dictar ingresos forzosos
A lo largo de este verano, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma ha dictado hasta cuatro ingresos forzosos.
1.025 propuestas de sanción por incumplimientos covid
Más de un millar de actas registradas (no todas ellas instruidas todavía) tiene la conselleria de Administraciones Públicas por incumplimentos covid. La mayoría de estas infracciones cometidas a título individual hacen referencia a un inadecuado uso de la mascarilla y a la superación de aforos en fiestas.
