El Tribunal Superior de Justicia de Balears, a través de la sala de lo contencioso, va a analizar si las últimas medidas acordadas por el Govern para detener la pandemia de la covid, pueden ser o no ilegales. La Sala ha aceptado a trámite una demanda que ha planteado el abogado Eduardo Luna, que sostiene que la norma impuesta por el Govern, a través de la conselleria de Salud, podría estar en contra de hasta diez derechos constitucionales.
Al admitir a trámite dicha demanda, el TSJB ha instado al Govern a que se defienda. Y para ello le ha requerido, con carácter urgente, que en un plazo máximo de cinco días remita al tribunal todo el expediente administrativo que se tramitó para acordar estas medidas especiales. También le propone que entregue, si lo considera conveniente, los informes y datos que tenga que justifiquen las medidas restrictivas acordadas para hacer frente a los contagios del coronavirus. En la diligencia judicial, el tribunal también señala que, una vez enviado todo el expediente que se le reclama, puede solicitar que no se admita la demanda que se ha presentado.
El letrado reclamaba que se adoptara la medida cautelar de suspender la resolución de la conselleria de Salud. El TSJB también da respuesta a esta propuesta y lo hace formando una pieza separada para su tramitación, cuya resolución será rápida.
Han sido numerosas las voces que se han opuesto a las medidas restrictivas que está aplicando el Ejecutivo para intentar controlar la pandemia, como por ejemplo limitar el número de personas que pueden mantener una reunión o el aislamiento obligatorio en caso de contagio, o de quien ha podido estar en contacto con alguien contagiado. De momento, el Tribunal Superior ha recibido dos demandas por vulneración de derechos fundamentales por estas limitaciones obligatorias, pero podría optar por una resolución única. Una demanda la ha presentado el abogado Eduardo Luna y la otra el letrado Miguel Baeza Marcos. Ambos juristas consideran que ninguna norma legal en vigor ampara las decisiones que ha adoptado la conselleria de Salut, que representa limitar los movimientos de las personas.
En una de las demandas se cuestiona que estas normas que ha impuesto el Govern, que están en la actualidad en vigor, representan una especie de “detención”, dado que obliga a las personas contagiadas, o sospechosas de estar contagiadas, a mantenerse aisladas durante un determinado tiempo, prohibiéndoles relacionarse con otras personas.
Esta norma que va a ser analizada por los magistrados del Tribunal Superior se acordó el pasado día 5 de septiembre y los abogados, que niegan formar parte de ningún grupo negacionista, mantienen que ninguna resolución sanitaria ampara la limitación de movimientos, ni la prohibición de que se puedan reunir un determinado número de personas, justificando estas decisiones en razones médicas.
