Los funcionarios del Govern muestran su preocupación y temor por el "goteo" constante de casos positivos por covid-19 en las conselleries y reclaman protocolos de protección y más teletrabajo para los empleados públicos. Lo que ocurre es que la administración no puede asumir tener a todos sus trabajadores sin cumplir su jornada de forma presencial. El miércoles, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) hizo llegar hasta la conselleria de Administraciones Públicas, que se encarga del control de los funcionarios, una carta reclamando medidas. El sindicato STEI también ha pedido una reunión urgente con la consellera Isabel Castro para abordar la cuestión.
Los empleados públicos vuelven a rebelarse ante lo que califican de "alta preocupación, perplejidad y sentimiento de abandono" por el mode en que se está gestionando la crisis en los centros de trabajo públicos, según reza la misiva de los sindicatos.
El principal problema surge en los servicios generales, económicos y administrativos, ya que necesitan un número importante de empleados públicos en sus puestos de trabajo de forma presencial, ya sea por atención al público o simplemente debido a que manejan documentos confidenciales.
Desde la conselleria de Administraciones Públicas explicaron ayer que en el área de Servicios Generales, que cuenta con unos 3.500 funcionarios, hay 1.951 terminales de teletrabajo habilitados pero desconocían cuántos los estaban utilizando. Desde los sindicatos apuntan que a muchos empleados públicos, por la organización del trabajo, no les queda otro remedio que acudir de forma presencial.
Asimismo, desde el Govern indicaron que están en permanente contacto con los sindicatos y están abiertos a negociar nuevos protocolos de protección. Hay que recordar que todos los sindicatos, salvo el STEI y USO, firmaron un acuerdo el pasado mes de abril para proceder a la desescalada. Lo que ocurre es que en este protocolo, pese a tener asignado teletrabajo, la mayoría de funcionarios deben acudir dos o tres días a la semana a las conselleries y estar en contacto con personas que luego han resultado infectadas.
En Administraciones Públicas señalaron también que existe un calendario pactado para abordar las cuestiones que surjan con la evolución de la pandemia.
La carta de CCOO
La misiva de la sección sindical de CCOO en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB) exige a la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, que "se active el diálogo social para establecer medidas de flexibilización y conciliación con la finalidad de reducir la presencialidad y contacto en los centros de trabajo". Asimismo, la emplazan a que "se actualicen e informen a los representantes de los trabajadores públicos de los protocolos de protección vigentes". Por último, reclaman información de las "novedades y estadísticas de nuevos contagios, obligación que la administración está incumpliendo de forma sistemática".
Entre el funcionariado existe gran preocupación, ya que trabajan en espacios reducidos donde compañeros han dado positivo. Uno de los motivos de limitar el teletrabajo afecta a aquellos trabajadores que deben manejar documentos clave y confidenciales, que no pueden salir de las dependencias de la administración para llevárselos a su casa. Es el caso de contratos, concursos públicos o informes que afectan a terceras personas o administraciones.
Palomino hoy llega a Función Pública y ya tiene trabajo
El problema del Govern esta última semana es que no ha tenido directora general de Función Pública, que sería la encargada de pactar las condiciones de trabajo con los representantes sindicales de los funcionarios. Hoy está previsto el nombramiento en el Consellde Carmen Palominopara ocupar el puesto.
Tal y como avanzó este periódico el pasado martes, la responsable de la Dirección General de Función Pública, Irene Truyols, fue relevada de su cargo alegando motivos personalesIrene Truyolsfue relevada de su cargo alegando motivos personales. Carmen Palomino será nombrada hoy y nada más llegar ya tendrá que afrontar el conflicto con los funcionarios. La nueva directora general deberá echar mano de su experiencia, como hizo la pasada legislatura en el Consell, para calmar a los sindicatos.
