Algaida, Marratxí y Felanitx lideran las demoliciones urbanísticas en suelo rústico

Algaida con 64, Marratxí con 39 y MarratxíFelanitx por la actividad de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), una entidad que ha ejecutado en los últimos tres años y medio 346 demoliciones. Les siguen Montuïri con 19 y Selva con 14. Se trata de demoliciones que han tenido lugar en la gran mayoría de municipios pero las poblaciones que lideran la tabla, explica el Consell de Mallorca, son aquellas que tienen delegadas en la ADT las competencias en disciplina urbanística en suelo rústico y, por lo tanto, la actividad de la agencia está más consolidada.

La institución insular detalla que las demoliciones, excepto una, han sido ejecutadas por los propietarios afectados. Un 93% (322) se han acogido a las reducciones del 80 y el 90% de la sanción que establece la ley porque han sido llevadas a cabo por los propietarios en el plazo voluntario de hacerlo.

De momento, la ADT ejerce las competencias delegadas en una treintena de municipios: Andratx, Santa Eugènia, Campanet, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera, Montuïri, Artà, Felanitx, Mancor de la Vall, Alaró, Bunyola, Santa Maria del Camí, Sóller, Búger, Selva, Llubí, Capdepera, Fornalutx, Sineu, Campos, Manacor, Inca, Esporles, Pollença, Sencelles, Vilafranca y sa Pobla. Durante este ejercicio, Calvià y Consell también se incorporarán a la lista.

Asimismo, la Agencia de Defensa del Territorio actúa como dinamizador de la economía sostenible de Mallorca. Así desde principios de 2018, la actividad de la agencia ha provocado la presentación y ejecución de 466 proyectos de obras de restablecimiento del territorio y el paisaje de Mallorca, que dan trabajo a albañiles, arquitectos, aparejadores, ingenieros agrónomos y abogados.

"Se trata de unos proyectos que también generan nuevos ingresos en los ayuntamientos porque suponen la liquidación de tasas e impuestos municipales", remarca el Consell, que recuerda que el objetivo de la ADT es restituir el territorio y el paisaje de la isla a su estado natural antes de las ilegalidades urbanísticas, dinamizar la economía sostenible o incentivar a los propietarios de suelo rústico a respetar la legislación urbanística.