Una sentencia de la Audiencia Nacional va a complicar más el encaje de las cuentas autonómicas. El juez ha condenado al Govern balear que ha ido recibiendo en los últimos once años para financiar el proyecto de mejora de la Platja de Palma, al no justificar de forma adecuada el destino dado al dinero, que debía invertirse en obras de modernización para impulsar la actividad turística en esta zona de la ciudad. No solo se tendrá que devolver los casi 14 millones de euros que se cobraron del Estado, a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), sino que a esta cantidad hay que sumarle 4,3 millones más por intereses de demora. Por lo tanto, el Ejecutivo balear tendrá que devolver 18,3 millones por no invertir de forma adecuada esta subvención.
Este proyecto para modernizar las infraestructuras turísticas de la Platja de Palma fue suscrito a través de un convenio que se firmó en el año 2009. La comunidad autónoma, junto a otras instituciones de la isla, acordó con Turespaña realizar actuaciones de "fomento y desarrollo turístico, mediante la realización de las actuaciones y de las obras orientadas a la reestructuración, modernización y diversificación del sector turístico".
Para llevar a cabo este proyecto de inversiones del Estado en la zona turística se creó el Consorcio de la Playa de Palma. Tras la firma inicial del acuerdo, en el año 2009, el proyecto ya recibió diez millones de euros que se fueron gastando para mejorar y modernizar la principal área turística de Palma. Se estableció que a partir del año 2010 el Estado iría abonando dinero para desarrollar el proyecto, hasta un máximo de 73.5 millones de euros. El Consorcio decidía en qué proyectos se gastaba el dinero, aunque estaba obligado a justificar los gastos ante el Instituto de Turismo de España.
Gastos no justificados
La colaboración entre la comunidad autónoma y el Estado para el ambicioso plan ha sufrido muchos altibajos. De hecho, desde Baleares se solicitó una reprogramación de las actuaciones de mejora que se habían acordado, una propuesta fue rechazada. En agosto del año 2016 Turespaña recordó al Govern. Se recibió un listado de los gastos realizados, pero se consideró que no justificaban las inversiones que se habían acordado. Y al no resolverse estas anomalías, el Estado acordó iniciar un procedimiento para recuperar las inversiones pagadas y no realizadas. En concreto, reclamó que Balears devolviera 13,9 millones.
El Govern, según señala la sentencia de la Audiencia Nacional, solo envió facturas de estudios y trabajos técnicos, así como de asesoría jurídica, que no tenían relación con los proyectos de infraestructuras urbanas. Es decir, se intentó justificar como gastos algunas facturas que no correspondían a las obras, ni a la compra de infraestructuras, sino a las minutas de los técnicos.
A pesar de todas las excusas que presentó el Govern para no cumplir la orden de reintegro, llegando incluso a presentar una demanda, finalmente se deberán devolver más de 18 millones.
Un consorcio de instituciones que ya no existe
El proyecto que iba a suponer el cambio radical de las zonas más degradadas de la Platja de Palma entusiasmó a los políticos de Baleares. Varias instituciones se volcaron en participar en el Consorcio, ya que por fin el Estado era consciente de la necesidad de invertir en la mejora de la imagen de una de las zonas turísticas más importantes de Europa. Pero el Consorcio que se creó ya es historia. La crisis afectó a la inversión y el Estado dejó de aportar las cantidades que se había comprometido. El plan se tuvo que liquidar, sin haber terminado muchos de los proyectos que se habían iniciado.
Pero el conflicto que se ha resuelto en la Audiencia Nacional nada tiene que ver con la decisión de Turespaña de limitar las inversiones en la Platja de Palma. Se trata de una inversión que ya se pagó, pero que no se ha justificado. Los técnicos del Estado que realizaban el seguimiento de este convenio denunciaron que las facturas que recibieron no se podían tener en cuenta, porque no se justificaban gastos dedicados a proyectos de infraestructura urbana. Y así lo ratifica el tribunal, que en el conflicto judicial que ha enfrentado al Govern de Balears con el Ejecutivo nacional da la razón al Estado. Y la argumentación de la sentencia es muy clara. "Ninguna relación se aprecia entre acciones formativas en nuevas tecnologías, evaluación de necesidades de concertación y el empleo, o gastos de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo, con la transformación de la Playa de Palma". Es decir, los jueces consideran que no se puede justificar como gastos las facturas que se refieren a proyectos de "reestructuración, modernización y diversificación del sector turístico". Este incumplimiento del convenio va a suponer un duro revés a las arcas dinerarias de Baleares.
