El Govern prohibió a finales de julio la celebración de botellones, una medida más para luchar contra la expansión del Covid-19. En caso de incumplir esta prohibición, las multas pueden llegar a los 3.000 euros. La medida, además, contempla que si los infractores son menores de 16 años, deberán ser los padres los que paguen la sanción.

Quien sea pillado haciendo botellón podrá ser acusado de una infracción leve que, según el decreto ley 11/2020, de 10 julio, que estableció el régimen sancionador específico para los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis Covid-19, podrá ser sancionada con entre 100 y 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Respecto a quién deberá hacer frente al pago de las sanciones una vez que el expediente administrativo haya concluido, la conselleria de Administraciones Públicas recuerdan que los mayores de edad tendrán que asumirlas ellos, que está previsto que los adolescentes mayores de 16 años con ingresos también las paguen mientras que en las infracciones de todos los menores sin ingresos reconocidos el responsable civil subsidiario serán los progenitores o sus tutores legales.

El Govern también explica que, hasta el pasado 1 de agosto, los botellones estaban regulados a nivel local mediante las ordenanzas municipales de cada consistorio, pero que a partir de la resolución de último Consell y pasan a ser reguladas, y sancionadas, tal y como se establece en el decreto ley mencionado más arriba.

"Los policías locales ya vigilaban antes estas concentraciones de jóvenes para beber. Y lo seguirán haciendo. Pero ahora las actas que se abran a los infractores se regirán por el decreto ley, de rango superior, en lugar de por las ordenanzas municipales como se venía haciendo hasta ahora", explicaron desde el departamento de Isabel Castro.

Cómo se recordará, este decreto ley establece que las infracciones muy graves les correspondería una sanción de multa entre 60.001 y 600.000 euros; a las infracciones graves una sanción de entre 3.001 y 60.000 euros y a las infracciones leves se les podría aplicar una multa entre 100 y 3.000 euros.

"Nos vamos a ir a la leve para establecer sanciones de entre 100 y 3.000 euros", señalaron desde Administraciones Públicas para fijar cuál será su recomendación de sanción para esta infracción de practicar el botellón, independientemente de que los expedientes los incoen sus propios funcionarios o los de los Ayuntamientos. Las fuerzas de seguridad del Estado -Policía Nacional y Guardia Civil- ya han anunciado que traspasarán estas actas al Govern para que sea su personal quien las tramite.

Sobre la graduación de las sanciones contempladas para estas infracciones leves, entre los 100 y los 3.000 euros, desde Administraciones Públicas señalan que "no es lo mismo un botellón en el que solo participen cinco jóvenes en una zona apartada que un macrobotellón con decenas de adolescentes convocado por redes sociales y que se hace cerca de un núcleo urbano".

Actitud, acatamiento...

En estas actuaciones se valorarán muchas circunstancias: Si los jóvenes llevan o no mascarillas, si se respeta en parte las distancias de seguridad, su actitud cuando se les exija que terminen con la celebración y se vayan a sus casas?

Y un mismo hecho puede implicar varias infracciones y sanciones que se aplicarán por separado, advierten desde la conselleria de Administraciones Públicas recordando que se puede multar por participar en un botellón y, al mismo tiempo, por no llevar mascarilla, que una infracción no excluye a otra.

El dato La primera actuación se saldó con 262 identificados y 235 actas abiertas

En el primer fin de semana de agosto, el primero en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervinieron en varias aglomeraciones de jóvenes haciendo botellón en la calle, concretamente en Na Burguesa, polígono Son Rossinyol, parque de sa Riera y parque Wifi de Palma, se identificó hasta 262 personas participando en esas reuniones callejeras para beber y se levantó actas por posibles infracciones a 235 de ellas, la inmensa mayoría. Esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Baleares es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: la Delegación del Gobierno del Estado, el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos,cuyos agentes locales siguen poniendo coto a estos botellones.