Una pareja del Port d'Andratx fue sancionada con tres mil euros (1.500 cada uno) por sacar a pasear a sus dos perros el pasado 31 de marzo durante el estado de alarma. Según María José Alonso, una de las dos personas afectadas, la Guardia Civil les detuvo a 50 metros de la residencia habitual y les preguntó qué estaban haciendo allí con los perros. "Los dos guardias civiles vinieron a comprobar si nuestra residencia habitual estaba cerca y lo pudieron ver. Fue algo bastante humillante". Además, María José explicó que esta sanción les llegó por sorpresa ya que ninguno de los agentes les notificó la infracción que habían cometido: "Las multas llegaron dos meses después por sorpresa, pues los agentes no nos notificaron ninguna de las multas".

Una de las grandes reivindicaciones de la pareja, además de lo cerca que se encontraban de su residencia habitual en el momento de la sanción, es que los dos animales son mayores, y uno de ellos precisaba asistencia de dos personas para subir los pisos de casa. Por tanto, fue "necesario" que ambos sacaran a los perros para poder ayudar al can a salir del domicilio. "Hemos presentado un certificado de la veterinaria porque uno de los perros necesita ayuda para salir de casa, pero parece que no les interesa esta información", declaró la mujer.

Por otro lado, la pareja también se quejó del mal trato que recibieron por parte de los guardias civiles cuando les multaron. "Los dos agentes nos atendieron fatal, con muy malos modos por su parte. Fue una patrulla de guardias civiles que durante aquella semana paró a mucha gente de la zona con muy malas formas. Nos hemos sentido delincuentes durante todo este proceso".

Último recurso

Ante esta situación, la pareja presentó dos alegaciones que fueron rechazadas por parte de las administraciones y el lunes pusieron el último recurso de alzada. Los elementos a los que se agarra la pareja para que la justicia les dé la razón son los errores que pudieran aparecen en los expedientes y la desproporcionalidad de la sanción. "Ni siquiera habrán leído nuestras alegaciones. Nos están juzgando dos veces por un mismo hecho. Ambos recursos han sido rechazados con una dureza y una rapidez insólitas por parte de la Delegación del Gobierno en Balears".

A pesar de que están a la espera de la resolución administrativa de esta última alegación, la pareja tuvo que abonar la totalidad de la multa. "Hemos tenido que pedir prestado para hacer frente al pago de estas sanciones. Ambos formamos parte de una misma unidad familiar y es algo realmente injusto". Asimismo, Alonso afirmó que, aunque esto le haya afectado a nivel anímico, seguirá luchando por hacer justicia: "He recurrido también al defensor del pueblo porque esta multa no es justa".