Entre el 22 y el 25% de los menores de las islas estaba en riesgo de pobreza ya antes de la pandemia (en 2019), porcentaje que en Europa se situaba de media en el 20%, según informó ayer el director de la la Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA).

"La pobreza infantil es el problema más grave de nuestra infancia y adolescencia", alertó Carballo, que no ocultó su preocupación por cómo la crisis de la Covid-19 afectará a las familias de Balears y podrá hacer subir estos indicadores de pobreza infantil.

Alertó de que la pobreza extrema se incrementó en 2019 y ligó este hecho a la estructura social y la precariedad laboral de Balears, una comunidad que, recordó, tenía ya antes de la pandemia uno de los mayores índices de desigualdad del país.

Según la memoria que presentó ayer Carballo, los instrumentos creados para afrontar la pobreza infantil "parecen insuficientes", a pesar de que supongan "encomiables esfuerzos" por parte de las administraciones. Se hace especial mención al tema de la vivienda y se apela a los servicios municipales.

La memoria de la Oficina da cuenta de la actividad realizada el año pasado, cuando la OBIA registró 227 asuntos, que derivaron en 136 expedientes por posible vulneración de derechos del menor (el resto de consultas se resolvieron sin necesidad de expediente). Del total, los asuntos sobre salud y maltrato representaron el 14%, con 57 actuaciones.

El teléfono de atención a la infancia gestionado con la Fundació Anar (116 111) atendió 1.869 llamadas, de las que 1.754 eran de orientación y 115 requirieron atención especializada, una valoración y una orientación psicológica, jurídica o social. El 44% de las llamadas efectuadas por los menores estaban relacionadas con episodios de violencia.

El informe recoge también que Balears encabeza las notificaciones al Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI): en 2019 aumentaron un 28% los avisos, llegando a los 6.106. Creció también el número de alertas que se confirmaron como maltrato: de 631 a 1.209, un 91,6%.

Casi el 40% fueron negligencia en el cuidado de los niños; el 32% por malos tratos psíquicos; el 21% por maltrato físico y el 8% por presuntos abusos sexuales. Estos últimos casos descendieron de los 482 de 2018 a los 477 de 2019. El 12,4% de notificaciones por malos tratos afectaron a menores de 3 años.

Carballo achacó este aumento de los avisos a la concienciación y sensibilización del mundo profesional (de los sectores sanitarios, educativos, sociales...) hacia la protección de niños y jóvenes.