La Oficina de la Infància i l'Adolescència (OBIA) hace años que lo viene denunciando y, aunque hay proyectos de mejora en marcha y plazos anunciados, hoy por hoy "Es Fusteret y Es Pinaret no son centros adecuados para los menores".
Estos centros de justicia juvenil, responsabilidad de la conselleria de Asuntos Sociales (de quién también depende la OBIA), "no son establecimientos que reúnan las condiciones necesarias de habitabilidad y que puedan responder a las necesidades de los menores y que ofrezcan los espacios y las infraestructuras para un trabajo educativo, rehabilitador y terapéutico adecuado", reza la memoria anual de la oficina.
Su director, Serafín Carballo, dijo ayer que tiene constancia de que la inauguración de la ampliación de Es Pinaret está prevista para el segundo semestre del año 2020 y que los retrasos "han sido debidos a circunstancias ajenas al Govern". El cambio de ubicación de Es Fusteret en principio también será durante el segundo semestre del 2020.
Pero mientras los problemas siguen, y así lo denuncia la OBIA, que reclama también la apertura de un centro para menores con medidas judiciales que tenga problemas de salud mental y/o de adicciones: "Un porcentaje importante de los menores en reforma tienen este problema".
Servicios Sociales anunció este centro, y se hizo un proyecto y se acotó un terreno, pero dificultades administrativas lo pararon todo.
Carballo recordó ayer que Balears es una de las comunidades con mayor proporción de menores con medidas judiciales por haber cometido un delito, y destacó especialmente el caso de las chicas de entre 14 y 16 años. Asimismo, la memoria recoge que continúan aumentando "de forma preocupante" los delitos cometidos por menores de 14 años (inimputables).
La OBIA ha advertido varias veces de este problema: "Muchos de estos menores infractores, si no abandonan estos comportamientos mediante intervenciones profesionales que estén orientadas a abordar las raíces, entrarán en el circuito de reforma y justicia juvenil e incrementarán las estadísticas de jóvenes con conductas delictivas, que ya encabezamos a nivel estatal".
La atención a estos menores corresponde, según la ley, a los sistemas de protección, competencia de los Consells, a los que la Oficina pide que "active programas basados en la evidencia científica para dar respuesta a este grave vacío que tenemos en Balears.
