La Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) ha constatado una disminución de las fugas de los menores tutelados que viven en centros de acogida: de las 175 mensuales que llegaban a registrarse cuatro años atrás a las "4 o 6" que se contabilizan ahora.
Así lo indicó ayer el director de esta Oficina, Serafín Carballo, en la presentación de la memoria anual de la OBIA al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs. Durante estas fugas varias menores han acabado siendo víctimas de explotación sexual, algo que viene sucediendo desde hace años y que saltó al escándalo público después de que una menor tutelada denunciara haber sido violada en una ocasión la Nochebuena de 2019, cuando se había fugado del centro.
"Es un reto del sistema, pero se está haciendo un esfuerzo importante", indicó Carballo, que recordó que aún no se ha publicado el informe de la comisión de expertos designada para analizar este tema. El director de la OBIA indicó que "por fin" ha observado "una coordinación más intensiva entre policía, centros y sistema de protección". Pero aunque se haya hecho "mucho trabajo", indicó, éste "nunca es suficiente". El experto reconoció que el sistema "no estaba preparado para muchas cosas", como "los nuevos perfiles adolescentes".
"Algunos no se dejan proteger", apuntó: "Hace falta una formación continuada y especializada de los educadores, cuyo trabajo requiere una supervisión continuada y garantizar un tratamiento terapéutico especializado".
Insta a la Universitat a preparar a los futuros psicólogos y educadores y trabajadores sociales para que "tengan herramientas para poder afrontar estas situaciones tan complicadas".
En la memoria, se insiste en que "se tiene que asegurar que se cumple el protocolo específico y que se hace todo el posible para mantener el contacto con estos menores para valorar su seguridad" y "buscar las causas del fenómeno y establecer estrategias adecuadas en los centros residenciales que contrarresten estas dinámicas y hagan atractiva la permanencia en los centros a los menores, para que no tengan la necesidad de buscar aventuras y experiencias excitantes fuera".
Respecto al riesgo de que caigan en explotación sexual, la OBIA ha observado que este tipo de actividad varía con el tiempo y adquiere nuevas formas en función de los cambios sociales y de las diferentes tipologías de explotación sexual y por ello insiste en que las administraciones públicas adquieran un conocimiento "cuidadoso y riguroso" para identificar y reconocer menores que puedan ser víctimas (algo para lo que la institución apela a la colaboración de la UIB).
Medidas para reducir las tutelas
En esta memoria la OBIA tacha de "urgente" adoptar medidas para que la precariedad de los padres no se traduzca en la separación de sus hijos. Carballo recordó ayer "el derecho del menor a no ser separado de sus padres" y en la memoria se subraya: "Hay que hacer un abordaje serio para intervenir en situaciones que puedan vulnerar la prohibición de la tutela ex lege de un menor por razones de pobreza".
Por eso, la OBIA reclama que los municipios detecten necesidades y tenga planes para habilitar alojamientos de emergencia y recursos para evitar que "por precariedad las familias se vean abocadas a la separación de los menores". Balears es de las comunidades con menor proporción de vivienda social: "Hay familias viviendo en una sola habitación". Carballo denunció que en la Part Forana no hay servicios de acogida familiar, con lo que 400.000 personas quedan excluidas de esta opción que les evitaría ser separados de sus hijos.
Con todo, la memoria valora que Balears ya no es la comunidad con más tutelas ex lege de todo el país, (es la sexta). Desciende también el número de menores de 10 años en centros y no en familia de acogidas, como recomienda la ley (ahora mismo estos niños son el 16% de los ingresos, el 55% tienen entre 15 y 17 años). La buena noticia: Balears es la segunda comunidad en acogimientos familiares.
Carballo pone deberes al sistema de protección que gestiona el Consell a través del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que cree debe ser más transparente y escuchar más a las familias y a los menores. Además reclama que en "una materia tan delicada" los profesionales sean "especialistas", algo que "ahora no pasa", y sean equipos estables.
La OBIA pide además la apertura de un centro de protección para jóvenes con problemas de comportamiento, algo que la ley exige desde 2015 y que el IMAS llegó a anunciar la legislatura pasada.
