El profesional mejor remunerado de Mallorca en el siglo XXI es el abogado de corruptos. A los practicantes de tan noble arte les molesta esta nomenclatura aunque, al hallarse abrumadoramente situados a la extrema derecha, emplean peyorativamente las categorías de abogado de narcos o abogado de etarras.
En Mallorca se han efectuado provisiones de fondos de seis cifras, por encima de los cien mil euros, solo para un examen prospectivo de la hipótesis de una imputación no consumada. En el caso Mar Blau, la Autoridad Portuaria (es decir, la ciudadanía) pagó unas minutas tan altas a los defensores investigados por decisión de su consejo de administración, que los acusados del exterior tuvieron problemas para reunir las decenas de miles de euros exigidos.
Alguien pensará que un negocio tan boyante requiere de una inteligencia superlativa, y no es así. Basta repasar el plantel, y una reiteración argumental que se remite a los prehistóricos casos Calvià y Túnel de Sóller. Se compendia en dos tesis, "son infracciones administrativas pero no penales" y "los hechos atribuidos no son éticos, pero son legales". Curiosamente, este refranero ya ha aparecido en el último episodio de corrupción de la Autoridad Portuaria, lo cual no rebajará en un solo euro las tarifas a abonar.
En cambio, los abogados de corruptos esquivan en sus declamaciones la sentencia condenatoria del Supremo sobre el primer caso Andratx. Allí, el ponente Siro García explicaba sin complejos que precisamente se había tenido que penalizar el urbanismo, donde desemboca la entera corrupción mallorquina, ante el fracaso de la legislación administrativa en el freno a los desmanes.
La sentencia de la Audiencia de Palma sobre la corrupción en Andratx, que refrendó el Supremo, había sido escrita por Juan Pedro Yllanes en un tribunal completado por Joan Catany y Diego Gómez Reino. De ahí que fuera oportuno que el vicepresidente de Podemos asumiera ayer la presidencia del Govern "para hablar en propiedad", en las palabras textuales que empleó ante los restantes consellers, sobre las consecuencias inevitables del enésimo escándalo de la Autoridad Portuaria.
El magistrado Yllanes ha destituido a quien nunca debió ser nombrado en ausencia de Armengol, otro dato que añadir a una procelosa relación personal. Nadie puede dudar de la devoción del vicepresidente hacia la presidenta, es la portavoz Pilar Costa quien ha de mirarse en un espejo y preguntarse si reconoce la imagen reflejada.
