31 de julio de 2020
31.07.2020
Diario de Mallorca

El marido de Dolores Ripoll hizo informes para la Autoridad Portuaria de Baleares

El esposo de la jefa del servicio jurídico del Estado realizó estudios medio ambientales - La Guardia Civil está analizando el método de contratación de estos dictámenes técnicos

31.07.2020 | 02:01
Martínez Carrasco (primero izq.), en una conferencia en Deusto junto a su esposa (cuarta, dcha.).

El marido de la jefa de los servicios jurídicos del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, realizó una serie de estudios medio ambientales para la Autoridad Portuaria (APB), institución en la que ella tiene asiento en el consejo de administración y actúa como asesora jurídica. Ripoll aparece como una de las investigadas en la operación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil que estalló la pasada semanal y que se saldó con la detención del presidente del organismo portuario, Juan Gual de Torrella, y otros cuatro directivos de la cúpula, que salieron en libertad con cargos al existir indicios de que se podrían haberse amañado concesiones de amarres en Menorca e Eivissa.

Federico Martínez Carrasco, esposo de Ripoll, es técnico en materia medio ambiental y abogado en ejercicio. Trabajó en el área de sostenibilidad de una empresa hotelera y hace poco abrió un bufete en Palma , que se dedica al asesoramiento legal. Antes de licenciarse en Derecho realizaba estudios medio ambientales, contratado por empresas del sector.

La Guardia Civil está analizando el tipo de contratación que se realizó desde la Autoridad Portuaria para hacerse con los servicios de la pareja de su asesora legal. En concreto, se está investigando el vínculo contractual de Martínez Carrasco para estos trabajos, que podrían haber sido subcontratados por otra firma. También se están rastreando las cuantías económicas que habría cobrado por estas labores y la repercusión de sus evaluaciones en la actividad de la entidad, como la concesión de amarres y explotacion de instalaciones.

Los investigadores analizan si la jefa de la Abogacía del Estado habría podido incurrir en algún tipo de delito por la contratación de su marido para estudios destinados a la Autoridad Portuaria. En estos momentos, se están analizando en profundidad todos los documentos que fueron intervenidos la pasada semana en las distintas sedes del organismo por la Guardia Civil. La entidad, que mueve intereses millonarios, ha sido terreno abonado para los litigios y las investigaciones judiciales. Esta última, se activó tras las denuncias de presuntos amaños presentadas por particulares perjudicados por las concesiones. El caso se estudió en la fiscalía Anticorrupción, con Laura Pellón al frente, y se llegó a la conclusión de que existían indicios de delito. Ante esta situación se acordó presentar una denuncia en el juzgado, que recayó en el de instrucción número 3, cuya titular Martina Mora ha decretado el secreto de las actuaciones.

Tras su imputación, Juan Gual de Torrella asistió anteayer a un consejo de administración de la Autoridad Portuaria donde defendió su inocencia y buen trabajo. Incluso fue más allá y se presentó como el valedor de una gestión que ha tratado de frenar las oscuras maniobras de intereses e incercias que azotan al organismo portuario. Según expuso, del análisis de la documentación que rastrea la Guardia Civil, como mucho, podrían derivarse actuaciones en la vía administrativa, pero no en la penal. Tampoco ha instado el cese de Gual de Torrella la presidenta Francina Armengol, cuya comparecencia ha solicitado en el Parlament el PP, que cuenta con el apoyo de Podemos.

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