El juez instructor resumió el caso Mar Blau (o Puertos) con dos palabras: "Corrupción sistémica". Cabía, pues, prever que a los imputados, la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), les caería la del pulpo. Se esperaba una condena ejemplar por los amaños en los concursos para la adjudicación de los amarres en los puertos deportivos de Maó (Menorca) e Eivissa (Eivissa Nueva). Para el socialista Francesc Triay, presidente de la APB entre los años 2007 y 2011, se pedían 14 años de cárcel; para Ángel de Matías, director del ente portuario desde 1995, 35 años, y para Gerardo Díaz Ferrán, dueño de Marsans, que englobaba a Trapsayates, implicada en los hechos, 14 años. Además, los afectados les solicitaban indemnizaciones de decenas de millones de euros.
Pero el 9 de enero de 2019, propios y extraños se quedaron atónitos cuando aquel supuesto entramado de "corrupción sistémica" acordaba un pacto de conformidad con la fiscalía que acabó en sólo 8.490 euros de multas para tres de los encausados. Y al resto, nada. De Matías pagó 4.050 euros, de los que 1.350 euros fueron en sustitución de una pena de cárcel de nueve meses por un delito de prevaricación y 2.700 euros por un delito para la alteración de subastas y concurso público. No fue a la cárcel, pese a que el fiscal, Juan Carrau, pidió para él 18 años y nueve meses inicialmente.
El expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, condenado como responsable de un delito de alteración de subastas y concurso público, sólo pagó 2.640 euros, de los que 1.680 euros eran en sustitución por una pena de cárcel de siete meses, y 960 euros en concepto de multa. Pedro Carmelo Hernández, antiguo directivo del grupo Marsans, aceptó una pena de seis meses de prisión, sustituibles por una multa de 1.800 euros.
El fiscal y el resto de acusaciones particulares y populares retiraron los cargos contra el resto de los nueve encausados, entre ellos Francesc Triay, al que, en diciembre de 2010, el entonces presidente del Govern, Francesc Antich, también socialista, defendió a capa y espada: "Ha sido muy escrupuloso en todo el trabajo que ha hecho".
En la sentencia aparecía subrayado el nombre de Joan Verger, antecesor de Triay entre los años 2003 y 2007. Se le señalaba como urdidor de la trama corrupta. Pero Verger, que fue diputado y presidente del PP balear y presidente del Consell de Mallorca, murió seis años antes, en 2013, de manera que no llegó a ser juzgado. A su sucesor solo se le atribuyó en la sentencia haber firmado una concesión en Maó, 'heredada' de Verger, en favor de Trapsayates durante su mandato. "No he amañado jamás un concurso y, además, yo no di esa concesión, la dio [el actual presidente] Francesc Triay", había insistido Verger en diciembre de 2010.
Un "oscuro pacto"
Aquella jornada del 9 de enero de 2019, el periodista Matías Vallés resumía en estas dos frases aquel acuerdo de conformidad: "El oscuro pacto del caso Mar Blau exterioriza una gran camaradería entre los teóricos representantes del Estado y los ayer presuntos corruptos, ahora esplendorosos inocentes. La postración de la fiscalía ante personajes a quienes acusaba de delitos gravísimos implica la disolución de la Justicia, en el sentido metafórico pero también burocrático".
El tercer presidente de la APB que, desde la semana pasada, es objeto de investigaciones por presuntas corruptelas es Joan Gual de Torrella, que llegó al cargo el 14 de agosto de 2015 pese a que Podemos intentó hasta el último momento que la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, escogiera a otro.
