La debilidad de las plantillas de la Administración del Estado en Balears viene siendo denunciada desde hace años por todas las organizaciones sindicales que las representan, pero este problema le ha estallado en la cara tanto a los trabajadores públicos como a los usuarios de estos servicios durante la crisis del coronavirus, según se destaca desde UGT y CCOO.
Porque los portavoces de estas dos organizaciones, Miguel Ángel Romero y Josep Ginard respectivamente, admiten que también se han dado problemas de saturación en otros servicios públicos dependientes de entidades locales y de la Comunitat Autònoma, pero su mayor dotación de personal ha permitido que se solventen con mayor celeridad, como podría ser el caso del servicio balear de empleo.
En la Administración estatal, la situación está siendo muy diferente. Y ello pese a que, según los responsables de UGT y CCOO, una gran parte de estos trabajadores públicos han hecho un esfuerzo sin precedentes, con fuertes ampliaciones de horarios, para poder atender un aumento de las cargas de trabajo que, en el caso del SEPE, se han multiplicado por 14 respecto a lo que era normal, según se señala como ejemplo.
El problema radica en que si un balear aspira a hacer su carrera profesional en la función pública, se decanta claramente por opositar a una plaza en la Comunitat Autònoma por una razón muy simple: sus retribuciones son mucho mejores que las estatales.
Eso hace que una parte muy importante del personal de la Administración central en las islas proceda de otras autonomías, y a la primera oportunidad pida el traslado a otras zonas de la península para evitar tener que afrontar los elevados alquileres que se pagan en el archipiélago o el coste que supone el avión a la hora de reunirse con la familia.
En opinión de los sindicatos, este problema estructural, aunque se haya agravado a causa del coronavirus, no se solventará hasta que se aplique un plus salarial por insularidad que haga atractivo vivir en Balears.
