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Corrupción

Carpetazo al último juicio del caso Voltor con otro pacto con el fiscal

El exconseller Buils resuelve su último proceso con una nueva condena de inhabilitación al asumir que cometió un delito de prevaricación

Francesc Buils, Antoni Oliver, David Rebassa, Luisa Tortella, Roger Gotarredona y Joan Cerdà.

La Audiencia de Palma condenó ayer a 8 años de inhabilitación a Francesc Buils por la última pieza del caso Voltor, en el último juicio del llamado caso Voltor, en el que el exconseller de Turismo de UM se ha conformó con la pena reclamada por la Fiscalía, que retiró su petición de cárcel contra él, tras alcanzar un nuevo pacto.

La sección primera ha condenado a la misma pena de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación tanto a Buils, ya sentenciado en otros casos de corrupción por su etapa al frente de Turismo en la legislatura 2007-2011, como a Antoni Oliver, que fue gerente del Inestur, y a los altos cargos del mismo organismo David Rebassa y Luisa Tortella.

Los cuatro estaban acusados por la fiscalía de malversar fondos del Inestur, pero finalmente el Ministerio Público y la Comunidad Autónoma han retirado su acusación por este delito, y también por los de fraude a la Administración y tráfico de influencias.

En la vista celebrada ayer, la Fiscalía ha mantenido la causa contra ellos solo por un delito de prevaricación, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas, y ha reclamado los 8 años y 5 meses de inhabilitación aceptados por los acusados.

El tribunal también condenó, tras su conformidad, a los empresarios Roger Gotarredona y Jose María Beltrán por prevaricación, en este caso a la pena de inhabilitación de 3 años y 6 meses.

De esta manera, seis de los diez encausados en el juicio resultaron condenados y deberán indemnizar de manera solidaria a la comunidad autónoma balear con un total de 14.364 euros.

Por contra, la Sala ha absuelto de todos los delitos de los que se les acusaba (malversación, fraude, prevaricación y tráfico de influencias) a cuatro encausados en esta pieza, entre ellos el exalcalde de Pollença Joan Cerdà, que fue alto cargo del Consell insular con la extinta UM. Los otros tres absueltos son Jordi Adrover Rigo, Rafael Bover Gelabert y José Florentino Roy.

En la sentencia dictada ayer 'in voce' por el tribunal se explica que los condenados "se concertaron para evitar la posible concurrencia de ofertas o intervención de terceros en diversas adjudicaciones de contrataciones públicas".

En concreto, se indica que Buils, Oliver, Rebassa y Tortella se pusieron de acuerdo para que las empresas Humana CIS, Sedoxx Consultores, Enquadre e Innova Acción, cuyo responsable era Gotarredona, y las empresas Atipika, Living Publicidad y Akha, lideradas por Beltrán, se beneficiaran de contratos del Inestur. Así se llevaron a cabo, dice la sentencia, trece adjudicaciones y ampliaciones de contratos por un total de 903.762 euros.

En concreto, las empresas de Gotarredona obtuvieron la adjudicación ilícita de siete contratos entre 2007 y 2009, como dos para formar a guías turísticos por 29.800 y 25.800 euros, un tercero por 86.000 euros para analizar el modelo turístico balear, así como otros por 130.000, 60.000, 26.000 y 37.140 euros.

Respecto a Beltrán, sus empresas consiguieron de manera ilícita cinco contratos del Inestur esos años, concretamente para crear una página web de arte escénico por 29.464 y 29.986 euros, un tercero sobre el mismo tema por 29.997 euros, un cuarto por 69.000 ya en 2009 y un quinto por 68.555 euros ese mismo año para mantener un 'microsite' del patrimonio gótico de Palma.

La última pieza del caso Voltor

Esta pieza, la última que quedaba por juzgar del caso Voltor de corrupción en el Inestur, comenzó a investigarse en 2010 y en octubre del año pasado las partes pidieron a la Audiencia un aplazamiento de la vista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad, que no se produjo entonces, por lo que se había fijado el juicio para el próximo mes de octubre.

La Fiscalía pedía en ese momento para los cuatro principales acusados 5 años de cárcel, así como 16 años y medio de inhabilitación.

Este juicio llega diez años después de que se destapara el llamado caso Voltor. Se trató de una investigación de corrupción, donde se demostró que desde esta empresa pública, dependiente de la conselleria de Turismo, se concedieron contratos públicos de forma ilegal a varias personas próximas a Unió Mallorquina.

El exconseller Buils ha sido condenado varias veces y cumplió una larga pena de prisión por corrupción.

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