La trama de corrupción en el Institut Municipal d'Esports (IME) de Palma, una de las piezas derivadas del caso Cursach, quedó ayer zanjada con multas de 1.800 y 4.300 euros para dos acusados. El que fuera jefe de Mantenimiento y Obra Pública de la institución y el administrador único de la empresa Roig S.A. reconocieron en el juicio que eran amigos y se concertaron para inflar facturas por el mantenimiento de las infraestructuras deportivas de la ciudad, con un sobrecoste para las arcas públicas de más de 22.000 euros, entre 2012 y 2014. Los dos acusados aceptaron sendas penas de un año de prisión, sustituidas por las sanciones económicas, por un delito de fraude a la Administración con dos atenuantes de reparación del daño y confesión.

Esta condena es fruto del acuerdo de conformidad que alcanzaron la Fiscalía y las defensas, que exculpó al exgerente del IME y el jefe de producción de la empresa, también procesados en la causa. Los cuatro se enfrentaban a penas que sumaban 24 años de cárcel por delitos de malversación, fraude y prevaricación administrativa.

En el pacto firmado por las partes, el entonces jefe de Mantenimiento y Obra Pública del IME, Alberto Serna, y el empresario Antonio Jaime Roig confiesan el desvío de dinero público.

Reconocen que eran amigos desde hacía años y se pusieron de acuerdo para cometer el fraude aprovechando que la empresa era la adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones deportivas públicas de Palma. Serna maniobró para hacerse con el control de las facturas que presentaba la sociedad. Roig infló los gastos por la adquisición de los materiales y las piezas necesarios para las reparaciones en los polideportivos. Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, la empresa facturó indebidamente 22.185,51 euros, que el IME abonó pese a ser fraudulentas.

Esta es la única irregularidad que se da por acreditada en el acuerdo de conformidad, sellado ayer por la Fiscalía, las defensas y el abogado del IME. Por ella, Serna y Roig se declararon autores de un delito de fraude a la administración con las atenuantes de reparación del daño, ya que han devuelto el dinero, y confesión. Las penas de un año de prisión serán sustituidas por multas que suman unos 6.200 euros. Además, Serna queda inhabilitado para cualquier cargo público durante cuatro años y Roig no podrá ser contratado por entes públicos ni recibir subvenciones durante un año y nueve meses.

Las acusaciones exculparon así a los otros dos procesados, el exgerente del IME Antonio Ramis y el jefe de producción de Roig S.A. La Fiscalía retiró de su relato varias irregularidades más al considerar que no han quedado acreditadas. Por un lado, que la empresa facturara de forma irregular más de 52.000 euros por el horario presencial de sus trabajadores en las instalaciones del IME. Por otro, que Roig S.A. incumpliera las condiciones del pliego de cláusulas técnicas respecto a la prevención de la legionella en los polideportivos municipales.

Las acusaciones validaron además dos facturas por valor de 50.191 euros por trabajos que, según sostenían inicialmente, no se habían realizado. En el pacto queda reflejado que fueron compensadas de mutuo acuerdo con el IME con obras urgentes en el polideportivo Rudy Fernández.

Antonio Jaime Roig, Alberto Serna y Antonio Ramis fueron detenidos por este caso de corrupción a finales de enero de 2017 y estuvieron una semana en prisión provisional, como consta en el texto del acuerdo.

Una investigación bajo sospecha

La investigación del caso de corrupción en el Institut Municipal d'Esports (IME), que ayer acabó con dos condenados, es una de las causas que ha llevado al juez instructor, Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes del grupo de Blanqueo de la Policía a ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Las acusaciones sostienen que los investigadores cometieron diversas irregularidades en estas pesquisas, como prolongar las detenciones o presionar a testigos.