La Guardia Civil blindó día y noche la sede central de la Autoridad Portuaria de Balears en Palma desde la noche del jueves. El objetivo de este operativo especial era impedir a toda costa la desaparición de documentos que acreditaran el supuesto amaño a gran escala de contratos y concesiones náuticas. La institución se convirtió en un fortín durante 36 horas.
Mientras tanto, los investigadores del instituto armado se desplegaron por las sedes de la Autoridad Portuaria en Eivissa y Maó. En las dependencias de la institución en las islas también se incautaron de abundante documentación que, presuntamente, incriminaría a la cúpula de la entidad.
Los investigadores de Anticorrupción y del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil, con apoyo de efectivos de la Policía Judicial del instituto armado de Algaida, se movilizaron por las dependencias de la Autoridad Portuaria de Balears.
El principal temor de los investigadores de la Guardia Civil era que buena parte de la documentación desapareciera después de una investigación que se había prolongado durante más de un año. Al parecer, en ambientes náuticos ya era un secreto a voces que se estaba investigando las supuestas irregularidades en concesiones.
A raíz de las denuncias llegadas a la fiscal anticorrupción Laura Pellón, la titular del Juzgado de Instrucción número 3, la jueza Martina Mora, decretó secreto de sumario.
Los registros se iniciaron en Maó y Eivissa. De hecho en esta última isla, la actuación de los efectivos de la Guardia Civil se extendió al Club Náutico. En la localidad menorquina, la intervención de los investigadores del instituto armado se inició a las 7.20 horas del viernes y no concluyó hasta la una de la tarde. Mientras que en la isla pitiusa la diligencia se prolongó también durante varias horas.
Por su parte, el registro de la sede central de la Autoridad Portuaria, situada en el Moll Vell de Palma, se realizó en dos fases. La primera tuvo lugar el mismo viernes y la segunda se prolongó durante buena parte de la mañana de ayer.
El hecho de que una buena parte de los investigadores se tuviera que desplazar a otras islas obligó a dejar un retén de vigilancia día y noche. La sede central de Palma permaneció cerrada a cal y canto y se impidió el acceso hasta a los trabajadores de la misma.
El pasado jueves, el presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, viajó a Menorca acompañado de Juan Carlos Plaza, director de la empresa pública y máximo ejecutivo de la misma. A su regreso a Mallorca, agentes de la Guardia Civil les esperaban en Son Sant Joan y les comunicaron que estaban detenidos por presunta corrupción.
En primer lugar, los cinco miembros de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares fueron conducidos directamente a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears, en la calle Manuel Azaña. No obstante, no permanecieron mucho en las celdas, ya que les instaron a acompañar a los agentes durante los registros.
