25 de julio de 2020
25.07.2020
Diario de Mallorca
Operación anticorrupción

Gual de Torrella, en libertad con cargos tras pasar dos noches en los calabozos

La cúpula de la Autoridad Portuaria y la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, que asesoraba a la institución, imputados por corrupción

25.07.2020 | 09:29

El presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, quedó ayer en libertad con cargos después de pasar dos noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Balears. El máximo mandatario de la empresa pública había sido detenido por presunta corrupción la tarde del jueves en el aeropuerto de Palma cuando regresaba a Mallorca después de un viaje a Menorca en compañía de su más alto ejecutivo Juan Carlos Plaza, director de la APB.

Además de Gual de Torrella y de Plaza en esta operación anticorrupción de la Autoridad Portuaria también fue detenida el resto de la cúpula. Buena prueba de ello es que entre los arrestados se encontraban el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver, el jefe del área de explotación y servicios portuarios, Fernando Berenguer, el jefe de departamento de explotación portuaria, Armando Parada.

Los detenidos se negaron a prestar declaración ante la Guardia Civil. La cúpula directiva de la Autoridad Portuaria de Balears alegó indefensión, al desconocer los cargos que pesaban sobre ellos debido al secreto de sumario decretado por la jueza Martina Mora, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. En principio, los arrestados estarían acusados supuestamente de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.

Concesiones irregulares

Miguel Puigserver, asistido por el abogado Fernando Mateas, al no tener despacho en la Autoridad Portuaria de Balears, quedó en libertad con cargos mientras los otros cuatro eran sacados del calabozo mientras se practicaba la diligencia del registro. Luego, fueron devueltos a sus celdas hasta que concluyeron las diligencias.

Una serie de denuncias por presuntas irregularidades en concesiones náuticas en Menorca y en Eivissa habían sido presentadas a la Fiscalía Anticorrupción. A raíz de estos hechos, la fiscal Laura Pellón inició la investigación por este presunto fraude.

Se da la circunstancia de que los registros en Eivissa no quedaron circunscritos a la sede de la Autoridad Portuaria en la isla. También se hizo extensivo al Club Náutico Ibiza. Algunas de las denuncias contra la institución se centraban en que la concesión se renovaba año tras año a dicho club, pese a que aparecían otras ofertas mucho mejor dotadas económicamente.

Según informó ayer El Confidencial, hace un año la Autoridad Portuaria de Balears acordó la concesión a la Marina de Botafoch por 2,3 millones de euros. Sin embargo, se habrían desdeñado ofertas por valor de cuatro millones.

Las denuncias de los numerosos afectados por las decisiones de la Autoridad Portuaria de Balears se fueron apilando y las sospechas de una presunta actuación irregular en las concesiones náuticas de la Autoridad Portuaria de Balears fueron en aumento. Con el máximo sigilo, la fiscalía anticorrupción inició la investigación para analizar en detalle si la actuación de la APB pudiera tener un carácter delictivo. El cerco se fue estrechando en torno a la cúpula de esta institución.

Sin embargo, en los últimos días empezó a correr el rumor entre determinados ambientes náuticos de que se podía estar investigando las sospechosas prácticas de la empresa pública de los puertos de las islas. Ante el riesgo evidente de que todo el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil pudiera irse al traste, se activó la fase de explotación de este operación.

El mismo 'modus operandi'

Sin más demora, Joan Gual de Torrella y el director de la APB Juan Carlos Plaza fueron detenidos en Son Sant Joan cuando acababan de llegar de un viaje relámpago a Menorca.

Una de las consecuencias más sorprendentes de esta investigación por presunta corrupción de la Autoridad Portuaria de Balears ha sido la imputación de la jefa de la Abogacía del Estado en las islas, Dolores Ripoll. Esta habría realizado trabajo de asesoramiento jurídico de la entidad. De acuerdo con las pesquisas realizadas, su labor podría haber sido determinante para que estas presuntas irregularidades de la APB prosperaran.

Esta investigación por presunta corrupción en torno a la Autoridad Portuaria de Balears es la segunda que ha golpeado a esta empresa pública en las islas. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse al caso Mar Blau. La cúpula de esta institución se sentó entonces en el banquillo. Las distintas partes alcanzaron un pacto, que se saldó con el pago de unas multas. En las pesquisas actuales habría quedado patente la utilización de la directiva del mismo 'modus operandi'.

Concurso a medida

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en este caso de presunta corrupción de los directivos de la Autoridad Portuaria de Balears era el pliego de concursos para la concesión de amarres. Los beneficiarios habrían sido personas del entorno de la cúpula de esta institución. Este hecho fue el punto de partida para la puesta en marcha de la investigación que la fiscal anticorrupción Laura Pellón y la Guardia Civil ha desarrollado con el máximo sigilo durante un año. Ya apreciaron la posible existencia de diversos delitos. La denuncia inicial hacía referencia al puerto de Maó, pero había otras muy similares que aludían a estas posibles prácticas corruptas en el Club Náutico de Eivissa.

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