La Audiencia Provincial ha archivado definitivamente la investigación sobre las cámaras ocultas que el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, encontró en su despacho hace ahora dos años. El tribunal confirma el cierre de las pesquisas por el supuesto espionaje al considerar creíble la explicación de que las instaló en 2013 su predecesor, Alberto Pons, quien olvidó retirarlas y avisar de su existencia. La decisión de la Audiencia, que ya es firme, rechaza el recurso de Gual contra la decisión del juzgado de instrucción de sobreseer la causa por revelación de secretos.

Gual de Torrella sospechaba que estaba siendo espiado y la Autoridad Portuaria contrató los servicios de una empresa de detectives. Estos especialistas realizaron un barrido electrónico en el despacho de Gual y hallaron dos cámaras de seguridad ocultas. Los aparatos estaban conectados a un disco duro que apareció en el techo del aseo privado.

El presidente de la Autoridad Portuaria denunció el hallazgo ante la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación. Los agentes comprobaron que el dispositivo no tenía ninguna conexión al exterior, por lo que era imposible espiar a Gual sin tener acceso al aparato grabador. Como recuerda la Audiencia en su auto de archivo, la Policía comprobó que una de las dos cámaras llevaba inoperativa desde diciembre de 2016, grabando solo imágenes en negro, y la otra solo captó la mesa y la silla de Gual y los pies y las manos de quienes se sentaban en una mesa de reuniones. Ninguna grababa el sonido.

Tras hacerse pública la aparición de las cámaras ocultas, un detective privado y el anterior presidente de la institución, Alberto Pons, acudieron a la Policía para explicar lo sucedido. Según contaron, en el año 2013 Pons contrató -con la autorización del consejo de Administración de la APB- la instalación de estos dispositivos. De acuerdo con su versión, Pons sospechaba en aquella época que alguien entraba en su despacho por las noches para acceder a documentos. Tras su salida de la institución, olvidó retirar estas cámaras y no avisó de su existencia a Gual.

El caso quedó en manos de un juzgado de instrucción de Palma, en una causa por revelación de secretos en la que Gual ejercía la acusación particular. La magistrada dio por buena la versión del descuido y el pasado 30 de enero acordó el sobreseimiento provisional de la causa.

Gual no se dio por satisfecho y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia. Sostenía que no podía descartarse todavía que se tratara de una operación de espionaje contra él y criticaba que la jueza hubiera archivado el caso sin tomar declaración a Pons, el detective que instaló las cámaras y el policía que analizó el contenido de las grabaciones. La fiscalía se opuso al recurso, pero la Abogacía del Estado se adhirió.

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia ha confirmado ahora el archivo del caso. Los magistrados consideran que la investigación ha sido suficiente y que no existen indicios del delito de revelación de secretos, dando por buena la explicación ofrecida por Pons y el detective que este contrató. La decisión de la Audiencia es firme y contra ella no cabe recurso.