La crisis generada por el coronavirus también está impactando sobre las comunidades de vecinos. La caída en los ingresos que muchas familias están sufriendo, al verse afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o por la desaparición de una buena parte de los contratos temporales que se firmaban durante el verano, está provocando que tengan dificultades para hacer frente a los gastos generados en las comunidades de propietarios, lo que está disparando los impagos en esta materia, según señala el presidente del colegio de administradores de fincas de Balears, Pau Bonet.
La situación de las islas se agrava especialmente por la enorme dependencia que su mercado laboral tiene de la actividad turística. Por ello, Pau Bonet estima que a finales del presente año la morosidad vecinal habrá crecido alrededor de un 20% respecto al pasado año, lo que supone situarse de nuevo en niveles correspondientes a los años más duros de la crisis anterior.
La previsión de los responsables del citado colegio oficial supone que si el pasado año se cerró con un volumen de impagados en las comunidades de propietarios del archipiélago que rozaba los 45 millones de euros, al cierre del presente ejercicio podría situarse cerca de los 55 millones, un importe muy próximo al de 2014, cuando la recuperación económica de las islas no se había iniciado. Pero además, implica romper la tendencia a la baja que se había logrado a partir de 2016, acompañando así a la mejora del empleo derivada de la buena marcha de la actividad turística. Ha sido precisamente la caída del turismo la que ahora está generando ese fuerte retroceso.
Hay un dato a tener en cuenta. Durante los últimos años alrededor de un 20% de la morosidad en las comunidades de vecinos ha correspondido a las entidades financieras, en muchos casos propietarias de viviendas tras haber desahuciado a un anterior vecino. Así, 2019 se cerró con unos impagados por valor de prácticamente 45 millones de euros en el seno de las comunidades de propietarios de las islas, y 8,1 millones correspondieron a los bancos, generando una situación que ha venido siendo muy duramente criticada por los administradores de fincas, recordando que estas entidades no tienen problemas de insolvencia para justificar las demoras que protagonizan a la hora de cubrir los gastos.
Deterioro de las fincas
Este fuerte incremento de la morosidad en el seno de las comunidades de vecinos a causa de la crisis del coronavirus no está generando por ahora apreciables tensiones en su seno, según afirma el presidente del colegio balear de administradores de fincas, dado que existe la conciencia de que la crisis de la Covid-19 está teniendo un impacto muy duro sobre muchas familias, que están viendo notablemente reducidos sus ingresos, lo que se refleja también en el aumento que se ha dado en la demanda de ayuda a organizaciones como Cruz Roja o Cáritas.
Eso está conllevando también en muchas comunidades un descenso en los ingresos necesarios para el mantenimiento de la finca, al reducirse en número de vecinos en disposición de asumir su parte de los gastos. Pau Bonet apunta que esto está haciendo que, aunque las reparaciones más urgentes se están asumiendo, como podría ser el caso de averías en el ascensor, otras que también pueden ser importantes pero sin un impacto tan directo en la convivencia se están aplazando, con el riesgo en el caso de que esta situación se prolongue de que se produzca el deterioro de algunos elementos del edificio, con el peligro que ello supone y el aumento en el coste de la posterior actuación para subsanar el problema.
