El juez Diego Gómez-Reino ha rechazado la inmensa mayoría de las cuestiones previas que plantearon las defensas de los acusados del llamado caso Peaje. Se trata del último gran escándalo de corrupción que salpica a la gestión de Unió Mallorquina y se centra en las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la carretera Palma a PalmaManacor, impulsada desde el Consell de Mallorca. Los once acusados serán juzgados ante un jurado popular y la fecha del juicio se podría señalar en breve.
Entre los principales acusados se encuentra Antoni Pascual, destacado dirigente de UM, que ocupó el cargo de conseller de Carreteras del Consell de Mallorca, departamento que tramitó la construcción de esta obra. La fiscalía reclama para Pascual una pena de trece años de prisión y le acusa de haber exigido una comisión económica para él a la empresa que estaba realizando la obra pública. El abogado del exconseller defendió como cuestión previa que su cliente no estaba sufriendo un proceso justo y denunció la imprecisión del escrito de acusación de la fiscalía, en el que se implicaba a su cliente. También cuestionó la procedencia, pero sobre todo la cadena de custodia, de una serie de albaranes de la empresa constructora, que aparecieron en las oficinas del Consell. La fiscalía señala que estos albaranes demostraban el control que tenía Pascual sobre el desarrollo de la obra, sobre todo en cuanto a pagos, para exigir después el pago de una comisión, acusación que el exdirigente de UM ha negado siempre.
El juez, sin embargo, rechaza todas las alegaciones de la defensa y afianza el proceso de instrucción. Por tanto, con esta decisión, el histórico político de UM ya no tiene posibilidad alguna de evitar el juicio con jurado popular.
También rechaza el juez la cuestión planteada por Guillermo Garí, propietario del restaurante es Cruce de Vilafranca. El fiscal asegura que con dinero público procedente del presupuesto de la carretera se subvencionó la construcción del parking del restaurante, a cambio de proporcionar comidas y de financiar el ágape de la comunión del excelador de obras del Consell, quien se debía encargar de la vigilancia de las obras. Garí afirma que llegó a un acuerdo con los responsables de la constructora, y no con ningún funcionario, por lo que rechaza que cometiera el delito de cohecho.
Por otra parte, el juez también avala al perito que cuantificó el perjuicio en 42 millones.
