La demanda judicial que ha presentado el sector del ocio turísticodemanda judicial que ha presentado el sector del ocio turístico, representado por las asociaciones Abone y Acotur, que ha elaborado el abogado Matías Barón, contra el cierre ordenado por el Govern de la actividad de cinco calles, pivota sobre tres ideas principales. Los empresarios pretenden que esta decisión del Ejecutivo, que se aplicó por razones sanitarias, sea suspendida al entender que es discriminatoria con respecto a negocios de otras zonas y, por lo tanto, sería ilegal.
No existiría una situación de emergencia sanitaria
Los empresarios afectados defienden que no existía ninguna situación de emergencia sanitaria para que el Govern, por decisión de la conselleria de Turismo, tomara esta drástica decisión, que afecta tanto a la Platja de Palma, como a Magaluf. Aseguran que, si bien es cierto que se produjeron algunas aglomeraciones de turistas, no existe dato alguno que "permita considerar que estas situaciones producidas en las zonas ahora clausuradas hayan tenido un impacto relevante en la situación epidemiológica de nuestra comunidad".
No se ha detectado ningún rebrote en estas zonas
Abundando sobre este argumento, la demanda sostiene que "no existe ninguna otra emergencia sanitaria sobrevenida en las zonas ahora clausuradas , ni se ha detectado rebrote o contagio comunitario alguno provocado por las actividades que hayan podido incumplir las restricciones sanitarias". Y en este mismo sentido, asegura que en estas cinco calles clausuradas no existen "datos epidemiológicos peores que en otras zonas de concentración turística, comercial o de ocio de nuestra comunidad".
Denuncian que se ha producido una desviación de poder
Los empresarios afectados denuncian que con esta decisión el Ejecutivo balear ha cometido una desviación de poder. Y lo sostienen afirmando que "la norma turística ni goza, ni puede gozar, del régimen excepcional del que sí dispone la normativa sanitaria para restringir o limitar derechos y libertades", como en este caso ha sido la orden de clausura.
El Govern intenta aplicar el decreto de turismo de excesos
Para las dos asociaciones que han salido en defensa del sector del ocio, detrás de la decisión del Govern existe un interés en que se aplique de manera inmediata el decreto, aprobado a principios de año, en el que se limitaba el turismo de excesos. Por ello, en la demanda presentada en el juzgado se sostiene que no han existido razones sanitarias para aplicar esta medida, sino motivos "de índole turístico y de imagen ante los mercados emisores".
Zonas incluidas en el decreto sobre turismo de excesos
No creen los empresarios que sea casual que el cierre se adoptara sobre estas zonas concretas, dado que son precisamente las áreas para las que se creó específicamente el decreto contra el turismo de excesos.
No se aplica el régimen sancionador previsto
Otro de los argumentos sobre los que pivota la demanda es que el Govern ha abandonado el régimen sancionador previsto por ley, "y se ha acudido a la aplicación de un régimen sancionador sumarísimo". Por ello, los empresarios del ocio no alcanzan a entender que, mientras a ellos les cierran los negocios en plena temporada turística, aludiendo al incumplimiento sanitario, "no ha existido en toda nuestra comunidad ni una sola clausura de actividad en ninguno de los puntos en los que sí se han detectado rebrotes".
Los afectados no se han podido defender ante esta orden
También denuncian los empresarios que antes de adoptar esta drástica decisión no se ha incoado ningún procedimiento sancionador, lo que les hubiera permitido defenderse. "Se han vulnerado los más elementales principios del derecho sancionador y se están limitando los derechos al trabajo y a la libre empresa".
Una clausura de negocios indiscriminada y gravosa
Además de señalar que este cierre abocará a estos negocios a la quiebra económica, los empresarios afectados acusan al Govern de optar por una clausura "indiscriminada de las actividades, culpables o no de alguna infracción, adoptando la medida más gravosa de todas las posibles".
Protesta
Los empresarios, además de emprender las acciones judiciales correspondientes, también quieren utilizar la calle para protestar contra la drástica decisión que ha supuesto la orden de paralización de la actividad. Por esta razón se ha convocado para el próximo sábado una manifestación, a partir de las seis de la tarde, en la que reivindicarán su derecho a trabajar. Esta protesta se iniciará en la avenida de s'Olivera y se prolongará por otras calles de la zona turística.
Los manifestantes quieren lanzar el mensaje de que los empresarios de la zona no son los culpables de poner en peligro la seguridad sanitaria, dado que sostienen que en Calvià no se han producido más rebrotes del virus que en otras localidades, con la diferencia de que a ellos les han cerrado los negocios.
