El pleno del Parlament validó ayer el decreto de régimen sancionador que contempla las multas por incumplir las disposiciones para frenar el coronavirus sin votos en contra, aunque sí con la abstención de PP, Vox y El Pi, que acusaron al Govern de "improvisación" y criticaron la "falta de concreción" y "lagunas jurídicas" del decreto, entre otras cuestiones. Ciudadanos y Gent per Formentera, aunque votaron a favor, también se sumaron a estas críticas.

Frente a ellos, la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, defendió el contenido de la normativa que resumió como el decreto de "tolerancia cero con quien incumpla y amenace la seguridad de todos". En la normativa se catalogan las infracciones como leves, graves y muy graves, como por ejemplo la comercialización de fiestas y eventos en espacios públicos o privados para las que contempla multas de hasta 600.000 euros. Asimismo se incluye la sanción de hasta 100 euros por no llevar mascarilla en la vía pública.

Castro sostuvo que las medidas adoptadas por el Govern hasta ahora ante el coronavirus "han sido efectivas y Balears tiene una buena situación epidemiológica, con 6 casos cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 14,8". Añadió que el Govern no tolerará que " la irresponsabilidad y el incivismo de una minoría" pongan en riesgo al resto. Precisó que en diez días de vigencia del decreto se han realizado más de cien inspecciones coordinadas entre Govern, consells y ayuntamientos, con la apertura de 63 actas de infracción. Junto a ello, entre otras cuestiones, resaltó que se trata de una norma "flexible" que podrá ir adaptándose.

Su defensa no convenció a PP, Vox y El Pi. La popular Nuria Riera sostuvo entre otras cuestiones que las multas se recurrirán, por lo que el decreto "no servirá de nada". Josep Melià, de El Pi, consideró que la norma es "desmesurada"en algunas cuestiones y que las sanciones serán recurribles. Idoia Ribas, de Vox, acusó al Govern de "legislar para sancionar a los ciudadanos después de haber provocado el descontrol del coronavirus". Patricia Guasp, de Cs, aunque apoyó el decreto, acusó al Govern de "poner más énfasis en el marketing que en la seguridad jurídica".