El juez Enrique Morell envía a juicio a la cúpula de la Policía Local de Palma en la época del alcalde Mateo Isern por el amaño de unas oposicionesamaño de unas oposiciones. El magistrado sienta en el banquillo a Enrique Calvo, antiguo director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Antoni Vera, exintendente jefe del cuerpo, Rafael Estarellas, comisario jefe, y cuatro policías por la filtración de las preguntas de la prueba para acceder a una plaza de oficial. El fiscal Juan Carrau reclama para ellos penas de un año y medio de prisión y hasta ocho y medio de inhabilitación por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. El caso, origen de las pesquisas que desembocaron luego en la macrocausa del empresario Bartolomé Cursach y que llevó a la Guardia Civil a registrar el cuartel de Sant Ferran, será juzgado por la Audiencia Provincial.
A instancias de la fiscalía, el juez ha sobreseído las acusaciones contra otros 29 imputados en esta pieza, bien porque no se aprecian suficientes indicios en su contra o su implicación está ya concretada en otros procedimientos judiciales.
El fiscal Carrau sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que la oposición para cubrir 14 plazas de oficial de la Policía Local de Palma celebrada en 2012 fue amañada por Calvo, Vera y Estarellas para beneficiar a determinados agentes. El jefe del cuerpo y el comisario formaban parte del tribunal y elaboraron siete de las diez preguntas de una de las pruebas. Ambos facilitaron el cuestionario y las respuestas correctas a Calvo. El director general de Seguridad Ciudadana de Cort citó en su despacho al policía interino José Daniel Montesinos y, como habían acordado, le envió las preguntas por correo electrónico. Montesinos, a su vez, las remitió a dos agentes que participaban en la oposición, Tomás Javier Más y Santiago Adrover. Era el 23 de mayo de 2012 y faltaban seis días para la prueba. En ella, los dos sospechosos solo respondieron a las siete preguntas que les habían hecho llegar. La fiscalía sostiene que Vera hizo llegar las diez preguntas a otro agente, un primo lejano suyo que obtuvo la máxima puntuación, pero sostiene que no hay prueba de que se hubieran concertado, por lo que no acusa a este funcionario.
El fiscal afirma que todo obedecía a un plan establecido para que Más y Adrover ascendieran en el cuerpo y, a su vez, facilitaran a Montesinos la obtención de una plaza fija en cuerpo al ser miembros del tribunal que debía examinarle. La trama urdida culminó con el ascenso a oficiales de Más y Adrover, que según el ministerio público se logró con "resoluciones administrativas injustas" en las que participaron Calvo, Vera y Estarellas.
Montesinos se guardó un as en la manga para chantajear al resto de implicados. En agosto de 2012, antes de que culminara el proceso de selección, acudió a un notario para dejar constancia de que había recibido las preguntas desde el correo de Enrique Calvo. Estarellas tuvo conocimiento de que existía un acta notarial sobre el amaño de las oposiciones y fue preguntado por alguno de los participantes sobre la irregularidad del proceso. En ningún momento realizó gestiones para investigar lo ocurrido o anular las pruebas, según Carrau porque estaba implicado en el amaño.
Expedientes archivados
La carta que se había guardado Montesinos le permitió, siempre según la fiscalía, campar a sus anchas. El agente hizo saber a Vera que tenía pruebas de la filtración de las preguntas, y logró así que el jefe de la Policía Local ordenara al inspector de la Unitat Nocturna Emilio Quetglas archivar diversas denuncias y expedientes administrativos contra él. En ellas había posibles delitos que no se persiguieron y Montesinos pudo volver a trabajar en la Playa de Palma para seguir llevando a cabo sus actividades irregulares. De hecho, este policía está acusado en la pieza principal del caso Cursach por siete delitos y se enfrenta en ella a una petición de doce años y medio de prisión.
El fiscal Juan Carrau acusa a estos siete implicados en el supuesto amaño de las oposiciones de delitos de revelación de secretos, prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos. A todos les aplica la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa, que empezó a investigar la magistrada Carmen González en 2013, ha estado paralizada en los juzgados.
El ministerio público solicita un año y medio de prisión para todos los procesados, excepto para el inspector Quetglas, que se enfrenta a 15 meses de cárcel. Además, reclama que se inhabilite a los siete acusados para cualquier cargo público: 12 años y medio a Calvo y Estarellas, 9 años y 9 meses a Vera, 4 años a Montesinos, Más y Adrover y 15 meses a Quetglas. La Audiencia Provincial enjuiciará los hechos.
