Dos asociaciones dedicadas a la defensa de los intereses de los locales de ocio, Abone y Acotur, han llevado al Govern ante los tribunales por la decisión que adoptó la pasada semana, al ordenar el cierre de todos los negocios de tres calles, dos en la Platja de Palma y la otra en Magaluf. Las asociaciones han acudido a la jurisdicción administrativa porque entienden que esta decisión del Ejecutivo no se ajusta a la legalidad y han solicitado al juez que adopte una decisión inmediata, paralizando la orden del Govern. Esta decisión del magistrado se conocerá en unos días.
Los representantes de estas dos asociaciones tienen previsto entregar esta mañana una copia de la demanda judicial a los políticos de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox.
El Govern adoptó esta rigurosa medida como consecuencia de las aglomeraciones de gente que se produjeron durante el fin de semana. Se difundieron imágenes en las que aparecen grupos de turistas en estado etílico, después de haber estado consumiendo alcohol en los locales de ocio nocturno de Magaluf y de la Platja de Palma, poniendo en peligro la salud ante la posibilidad de un contagio masivo.
Ante estas imágenes, que se transmitieron sobre todo por Alemania, el Govern acordó el cierre de todos los locales situados en la calle Punta Ballena de Magaluf, y los conocidos tramos de la Cerveza y del Jamón de la Platja de Palma, para impedir los excesos.
Esta decisión fue considerada injusta por los empresarios afectados por el cierre, dado que se consideró que se trataba de la actuación de unos pocos, que afectaba al futuro de muchas empresas.
Por otra parte, durante el pasado fin de semana el Govern, con la colaboración de varias administraciones, ha coordinado un operativo de vigilancia de los locales nocturnos, que se ha desarrollado en las cuatro islas. Un operativo que ha concluido con la presentación de 46 actas por incumplimiento de las medidas sanitarias, que podrían concluir en sanciones económicas a estos negocios. Las denuncias se han presentado por diferentes razones, como el exceso de aforo, el incumplimiento de horarios y por el hecho de que los empleados no llevaran la mascarilla sanitaria. También se han denunciado locales por falta de información al público, o por contar con una señalización inadecuada.
Del total de infracciones denunciadas, 30 de las actas se han presentado en Mallorca, siete en Menorca, ocho en Eivissa y seis en Formentera.
Se da la circunstancia de que dos de las denuncias se presentaron contra locales de la calle Punta Ballena, que incumplieron la orden que les prohibía abrir.
En el operativo colaboraron la Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales.
La consellera Isabel Castro señaló que con estos operativos lo que se pretende es garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Balears.
